España. – El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años del distrito de Retiro, provocó en España una ola de indignación social que terminó como una acampada de cientos de personas en Madrid.

La movilización arrancó como una marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y reunió a 25.000 asistentes bajo el lema «Ni una Maricarmen más» y busca presionar a las instituciones para frenar la crisis de la vivienda.

¿Qué le pasó a Maricarmen?

Maricarmen residía desde hace 70 años en la calle Alcalde Sainz de Baranda nº 46. Su contrato, firmado originariamente por su padre en 1956, fue subrogado a su madre y posteriormente a ella.

Tras mantener un contrato de renta antigua actualizado anualmente con el IPC y asumir gastos como el IBI, la situación dio un giro en 2018 cuando la propiedad del inmueble pasó a la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

Según denunció el Sindicato de Inquilinas, la compañía pretendió incrementar la renta de la anciana un 275%. Tras cuatro intentos judiciales, la comisión ejecutó finalmente el desahucio.

Aunque un intento inicial de incluir la vivienda en el programa municipal ReViVa fue rechazado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por no cumplir los requisitos legales, las partes han alcanzado un acuerdo mediado por la propia EMVS. El pacto contempla un nuevo contrato de ocho años con un alquiler ajustado al 30% de sus ingresos netos, permitiendo su regreso al piso una vez reciba el alta hospitalaria.

Exigen la aprobación del ‘Decreto Maricarmen’

A pesar de la resolución individual del caso de Maricarmen, el movimiento social que cuenta con el apoyo de figuras públicas del ámbito cultural como Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Samantha Hudson o Marwan ha decidido mantener sus protestas.

Los manifestantes exigen la implantación íntegra del denominado ‘Decreto Maricarmen’, una propuesta legislativa elaborada por las plataformas de defensa de la vivienda que plantea cuatro pilares clave:

• Contratos de alquiler indefinidos mediante la renovación automática.
• La congelación generalizada de los precios del alquiler.
• El fin del uso «fraudulento» de los contratos de temporada y por habitaciones.
• Una moratoria efectiva que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional.

Respuesta del Ejecutivo y pulso en la calle

En respuesta a las movilizaciones, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos ley impulsados por el Gobierno de coalición (PSOE y Sumar). Entre las medidas adoptadas figuran la prórroga de la protección frente a desahucios hasta 2030, la prohibición de venta de viviendas a ‘fondos buitre’ hasta 2028 y la regulación del alquiler de habitaciones y de temporada.

Sin embargo, desde el Sindicato de Inquilinas rechazan la norma aprobada al considerar que «no recoge íntegramente» las demandas planteadas y advierten de que la acampada en Sol se mantendrá. «No queremos un decreto falso, un decreto a medias, un decreto tibio. Queremos el decreto Maricarmen», declaró la portavoz de la organización, Rufina Parra. Aunque el movimiento marca distancias con las motivaciones políticas que caracterizaron al 15M, la plataforma no descarta extender las protestas e instalar nuevos campamentos en otras ciudades del país.