Presos amenazaron con “picotear” a imputados en caso SeNaSa, revela Roberto Santana
Autoridades mantienen a los acusados bajo condición especial por razones de seguridad
Santo Domingo. El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, reveló este viernes que los imputados en el presunto desfalco superior a RD$15,000 millones en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se encuentran recluidos bajo una condición especial, tras recibir amenazas por parte de otros privados de libertad.
“Ellos están separados de la población común… Los presos dicen que si se los llevo allá los picotean y ustedes saben la situación que hay en el país”, expresó Santana durante una entrevista, al explicar las medidas adoptadas para preservar la integridad física de los imputados.
El caso tiene como principal acusado al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, contra quien la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva, junto a otros seis imputados, por presuntas irregularidades administrativas cometidas durante su gestión.
Según la decisión judicial, Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera debían cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que la única mujer enviada a prisión fue trasladada a Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
No obstante, Hazim y otros cinco implicados fueron trasladados la noche del domingo a la cárcel de Las Parras, ubicada en el municipio San Antonio de Guerra, pese a que el juez había ordenado su reclusión en Najayo Hombres, lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de la decisión judicial.
En tanto, el tribunal impuso prisión domiciliaria a Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, luego de que, según el Ministerio Público, admitieran haber recibido sobornos y aceptaran colaborar con la investigación que lleva a cabo el órgano acusador.
A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, en un expediente que el Ministerio Público califica como uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al sistema de seguridad social del país.
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