Los policías, entre ellos dos mayores, un capitán y varios alistados, habrían llegado a la plaza en tres vehículos y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las víctimas.

Santo Domingo. Los once policías acusados de matar a cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago, también enfrentan cargos por intentar encubrir el crimen, según reveló el Ministerio Público.

En la solicitud de medida de coerción, los fiscales detallan que, tras el tiroteo ocurrido el 10 de septiembre, los agentes sustrajeron cámaras de seguridad y teléfonos móviles de testigos, con la aparente intención de eliminar toda evidencia del hecho.

Los policías, entre ellos dos mayores, un capitán y varios alistados, habrían llegado a la plaza en tres vehículos y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las víctimas.

Inmediatamente después, según la acusación, procedieron a recoger los DVR de los negocios cercanos y confiscar celulares a personas que grababan la escena.

Incluso se señala que uno de los agentes contactó al dueño de un local cerrado para exigirle el DVR de las cámaras de vigilancia, el cual fue entregado y retirado por los uniformados.

Los imputados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Víctimas

Las víctimas mortales fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez.

El Ministerio Público solicitó al tribunal declarar el caso como de tramitación compleja y pidió 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados. La calificación jurídica provisional incluye asociación de malhechores y homicidio voluntario.

La investigación está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la fiscal interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.