Participación Ciudadana reconoció la labor de las magistradas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tras dictar sentencia en el caso de Adán Cáceres y compartes.

La entidad elogió la firmeza de Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, destacando que condujeron un proceso complejo con rigor y claridad.

El veredicto, emitido en la madrugada del 15 de junio de 2026, envió un mensaje contundente contra la impunidad en los cuerpos castrenses. La organización resaltó las condenas de hasta 20 años de prisión para altos oficiales y la pastora Rossy Guzmán, así como la validez del trabajo de investigación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En su Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, Participación Ciudadana subrayó que el tribunal delimitó con precisión las diferencias entre el decomiso de bienes y la reparación económica al Estado.

Respaldó la condena patrimonial conjunta que obliga a los acusados a pagar cinco mil millones de pesos al erario, calificándola como un logro crucial que garantiza la responsabilidad resarcitoria más allá de los bienes cuya confiscación rechazada.

El colectivo también celebró el decomiso masivo de activos que pasarán al patrimonio estatal, incluyendo 160 inmuebles, 115 vehículos y millones de pesos en efectivo.

Para la sociedad civil, este resultado fortalece el principio de que los recursos desviados mediante entramados militares y religiosos deben regresar de forma transparente a los ciudadanos dominicanos.