Según el expediente acusatorio de la operación SENASA 2.0 / Cobra 2.0, la estructura criminal no solo dependía de operadores administrativos dentro del seguro estatal, sino también de la participación activa de médicos que aportaban sus códigos de prestadores de servicios de salud (PSS).

La acusación menciona a una extensa lista de especialistas, principalmente ortopedas y traumatólogos, cuyas consultas y procedimientos registraron un crecimiento desproporcionado a partir

Entre los casos figuran los doctores José Luís Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, cuyos contratos cancelados tras detectarse graves irregularidades.

Las auditorías médicas demostraron que estos galenos facturaban masivamente procedimientos ambulatorios complejos —como reducciones de luxaciones de hombro, codo, rodilla y muñeca, infiltraciones terapéuticas y onicectomías— que nunca se realizaron. Al ser interrogados, muchos de los supuestos pacientes afirmaron no conocer a los médicos y, en algunos casos, se encontraban fuera del país en las fechas en que supuestamente intervenidos.

El ortopeda José Luís Díaz Hernández, titular del código 821812, registró un incremento inusual de autorizaciones médicas desde julio de 2024. Pericias del INACIF comprobaron la falsificación de firmas en formularios, como la del ciudadano David Starling Monero García, para cobrar servicios inexistentes. Interceptaciones telefónicas revelaron además que Ángel Luís Guzmán utilizaba el código del doctor Díaz Hernández para simular accidentes domésticos y gestionar autorizaciones fraudulentas.

El análisis financiero expuso transferencias directas entre médicos y el núcleo administrativo de la red.

Una de ellas, por RD$67,000, fue realizada el 9 de octubre de 2024 desde la cuenta personal del doctor Díaz Hernández hacia la de Guzmán Vásquez, evidenciando la distribución consciente de los beneficios ilícitos.

Por su parte, el doctor Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, con código 829326 y servicios en Samaná y Santo Domingo Oeste, operaba bajo un esquema similar.

Las auditorías y denuncias de pacientes, como la de Amelida Núñez Santana, revelaron la facturación sistemática de procedimientos falsos sin historias clínicas ni documentos de soporte válidos.

Ante la gravedad de los hallazgos, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción y la declaratoria de caso complejo, con el objetivo de garantizar la presencia de los imputados y desmantelar por completo una red que vulneró la confianza pública y saqueó recursos destinados a la salud de los sectores más vulnerables