Santo Domingo. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, defendió este jueves  los acuerdos penales dentro del sistema judicial dominicano, destacando que estos mecanismos no son nuevos y que resultan beneficiosos tanto para la administración de justicia como para las víctimas y el Estado.

Reynoso explicó que los acuerdos penales permiten establecer responsabilidades sin prolongar innecesariamente los procesos judiciales, además de facilitar la reparación de daños y optimizar los recursos del sistema.

“Sin dejar de establecer responsabilidades, los acuerdos ayudan a reparar a las víctimas y al Estado, que además ahorra recursos en procesamiento y litigación”, afirmó.

La procuradora ofreció estas declaraciones durante un encuentro con periodistas y comunicadores encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, junto al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ODP), Rodolfo Valentín Santos. En la actividad, realizada en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, participaron también los jueces Fran Soto, Esmirna Gisselle Méndez y Francisco Ortega Polanco.

Reynoso recordó que la aplicación de acuerdos penales es una práctica que se remonta a su gestión en la Fiscalía del Distrito Nacional desde el año 2013, cuando cerca del 40 % de los casos se resolvían mediante este mecanismo. “La realidad es que los acuerdos y las soluciones alternas no son un tema nuevo; es una política que asumimos desde hace más de una década”, puntualizó.

Durante su intervención, la procuradora subrayó la importancia de los acuerdos como una estrategia de persecución penal eficiente, que evita dilaciones procesales y beneficia a todas las partes. “Cuando los plazos se extienden, hay imputados esperando decisiones, víctimas que también esperan justicia y fiscales que duran años subiendo a audiencias”, advirtió.

Asimismo, lamentó que algunos sectores vean los acuerdos como una novedad o como mecanismos cuestionables, cuando en realidad están contemplados en el Código Procesal Penal desde 2004. “No es un tema nuevo. Hay figuras procesales que el legislador incorporó hace más de 20 años”, enfatizó.

Reynoso comparó la práctica local con la de otros países, como Estados Unidos, donde muchos acuerdos se mantienen sellados por razones de seguridad sin generar controversia pública. “En República Dominicana todos los acuerdos son públicos, pero en otras jurisdicciones pueden permanecer sellados por años y la sociedad no lo cuestiona”, explicó.

Finalmente, resaltó la importancia de fortalecer la formación de los futuros abogados en materia de soluciones alternas, indicando que las universidades deben incluir en sus programas el estudio de estos mecanismos. “Nuestros estudiantes de Derecho se forman para litigar, no para conciliar. Debemos enseñar que no todo caso necesita durar años en los tribunales”, concluyó.