El Ministerio Público sostiene que el ataque que dejó cuatro personas muertas y un sobreviviente en la comunidad La Barrera de Aminilla, en la provincia de Dajabón, responde a una acción coordinada y deliberada, ejecutada por un grupo que se habría asociado previamente para asesinar y robar a las víctimas.

Según la acusación, los imputados Frandy Luimenez, Herinose Jickel, Wesin Yan, Adonis Morillo José Rodríguez, Olux Maxos y Pacheco Beltrán actuaron junto a otros tres hombres —posteriormente abatidos por la Policía— en un plan que incluyó el control de las víctimas, su ejecución y la sustracción de bienes, de acuerdo con lo descrito en la acusación.

El documento detalla que Ramón Eugenio Medina Hernández fue inicialmente reducido y atado en un corral de la propiedad; mientras tanto, el grupo se trasladó a la vivienda cercana donde dormían las demás víctimas.

Ya en el interior de la casa, la acusación atribuye a Pacheco Beltrán haber realizado disparos a la cabeza contra los presentes, mientras que los demás implicados se dedicaban a sustraer dinero, un arma de fuego y otras pertenencias.

En el robo resultaron muertos Carmelina Antonia Cabreja Ramos, Cristopher Daniel Medina Cabreja y Charlie de Jesús Veloz Quezada, mientras que Cristhian de Jesús López Cabreja logró sobrevivir pese a las heridas de gravedad.

Acto seguido, de acuerdo al Ministerio Público, los agresores regresaron al corral donde se encontraba Medina Hernández aún atado, circunstancia en la que le habrían quitado la vida, lo que —a juicio del órgano acusador— refuerza la intención de no dejar testigos.

En cuanto a la persecución del caso, las autoridades indican que varios de los implicados murieron en intercambios de disparos con agentes policiales cuando intentaban evadir su arresto; mientras que los demás fueron capturados entre el 4 y el 6 de septiembre de 2023, en operativos realizados en la zona.

Contexto legal

El Ministerio Público ha calificado los hechos como violaciones a los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal (asociación de malhechores); así como a los artículos 295, 296, 297 y 302 (asesinato con premeditación y asechanza), además de los artículos 379, 381, 382, 384 y 385 (robo agravado con violencia, en casa habitada y con armas).

En perjuicio de las víctimas fallecidas —Ramón Eugenio Medina Hernández, Carmelina Antonia Cabreja Ramos, el menor Cristopher Daniel Medina Cabreja y Charlie de Jesús Veloz Quezada— se configura, según la acusación, el delito de asesinato y robo agravado; mientras que, en el caso de Cristhian de Jesús López Cabreja, sobreviviente del ataque, se imputa tentativa de asesinato junto a los demás tipos penales.

De igual modo, se incluye violaciones a la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, específicamente en sus artículos 66 y 67.