La organización denuncia el protocolo migratorio en hospitales

Santo Domingo. Amnistía Internacional (AI) aseguró que “no es cierto” que los partos de mujeres haitianas saturen el sistema público de salud dominicano, contradiciendo uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno y sectores de la opinión pública para justificar la implementación de controles migratorios dentro de los hospitales públicos del país.

Las conclusiones forman parte del informe “Salud sin estigmas: El impacto de las políticas migratorias en el derecho a la salud en República Dominicana”, publicado por la organización, donde se advierte que las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano constituyen una barrera discriminatoria y un retroceso en materia de derechos humanos.

Un sistema frágil por falta de inversión

Amnistía Internacional sostiene que la narrativa oficial que atribuye el colapso o saturación hospitalaria a la población haitiana carece de fundamento estadístico.

De acuerdo con el análisis de la entidad, la sobrecarga del sistema no proviene del número de pacientes migrantes, sino de la histórica falta de inversión en salud pública por parte del Estado dominicano.

República Dominicana, señala el informe, se ubica entre los países con menor gasto público en salud de América Latina y el Caribe, destinando apenas 2.7% del PIB, menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (6%).

Aunque el presupuesto sanitario ha aumentado en los últimos años, Amnistía afirma que “los incrementos no son sustanciales ni suficientes para revertir décadas de precarización del sistema”.

¿Saturan los partos de haitianas los hospitales?

El informe se presenta como un “desmonte” del argumento de que las mujeres haitianas “invaden” las maternidades públicas.

Según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS) analizados por AI, las personas haitianas representan solo el 7.9% de todas las consultas en hospitales públicos y constituyen 14.8% de las hospitalizaciones nacionales.

Agregan que, en provincias fronterizas, esa proporción puede superar el 30%, pero estas localidades aportan “solo el 2% del total” de pacientes del país en 2025.

En cuanto a los partos, la proporción de mujeres haitianas atendidas ha permanecido estable entre 2023 y 2025: pasó del 36% al 37%. El ligero aumento no se debe a más partos de haitianas, sino a una disminución significativa de partos de mujeres dominicanas, aclara el informe.

“El aumento en la proporción de partos de mujeres haitianas en la totalidad de partos se explica por la marcada disminución de partos de las mujeres dominicanas y no por un número mayor de partos de las mujeres haitianas”, señala AI.

El protocolo migratorio

El 6 de abril de 2025, el presidente Luis Abinader puso en marcha un protocolo que exige a personas extranjeras presentar pasaporte, visado vigente, carnet de trabajo y prueba de domicilio para recibir atención en hospitales públicos.

Aquellos que no cumplan con los requisitos pueden ser detenidos y deportados después de recibir asistencia médica.

Para Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, estas medidas constituyen “una cortina de humo” para ocultar deficiencias estructurales del sistema sanitario.

“Los hospitales deben ser lugares de cuidado y protección, no espacios de miedo y vigilancia. El protocolo no solo es discriminatorio, sino que desvía la discusión del verdadero problema: la falta de inversión pública en salud”, afirmó.

El informe documenta que mujeres haitianas embarazadas han enfrentado detenciones tras recibir atención, han sido rechazadas en hospitales o sometidas a tratos discriminatorios, lo que ha llevado a muchas a evitar los centros médicos aun en situaciones de riesgo.

Algunas relataron haber dado a luz en sus casas o en espacios informales, exponiéndose ellas y sus bebés a complicaciones graves e incluso mortales.

Amnistía advierte que el protocolo migratorio no solo afecta a haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, sino que pone en riesgo la salud pública de toda la población.

“Debido al miedo y la desconfianza, e incluso al riesgo legal de ser deportados, muchas personas haitianas podrían quedar sin acceso a tratamientos que salvan vidas, lo que a su vez afecta los esfuerzos de prevención del VIH en todo el país”, señalan.

Gobierno vs Amnistía Internacional

En octubre de 2024, el presidente Luis Abinader ordenó la deportación “masiva” de haitianos indocumentados con el objetivo de “reducir” lo que el Gobierno considera un exceso de población migrante en diversas comunidades del país.

A partir de esa decisión se desató un intercambio constante de declaraciones entre las autoridades dominicanas y Amnistía Internacional, que se mantiene hasta la fecha.

Amnistía Internacional ha reiterado que estas políticas migratorias están sustentadas en prácticas discriminatorias, al señalar que promueven el perfilamiento racial y la negación de servicios básicos, como la atención en salud. Según la organización, existe un protocolo que condiciona el acceso médico al estatus migratorio de las personas.

El informe vuelve a colocar sobre la mesa el debate en torno a las políticas migratorias, pero hasta el momento, ni el Gobierno ni el presidente Abinader se han pronunciado al respecto.