Santo Doming.-La Fiscalía General de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación penal tras la protesta protagonizada por presos comunes en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, donde los reclusos denunciaron presuntos malos tratos y abusos cometidos por funcionarios penitenciarios.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio Público informó que comisionó a la Fiscalía 49 Nacional con competencia en derechos humanos para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La institución indicó que, desde que se conoció la situación, funcionarios de la Fiscalía de Barinas y de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos acudieron al penal con el objetivo de contribuir a una solución pacífica del conflicto.

La protesta ocurrió el domingo, cuando decenas de internos subieron a los techos de la cárcel, incendiaron colchonetas y exhibieron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más torturas”. Los reclusos exigían la destitución del director del penal, Elvis Macuare Guerrero, a quien responsabilizan de presuntos abusos y requisas violentas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que algunos internos resultaron heridos por supuestos disparos realizados durante la manifestación. La organización también publicó imágenes y videos donde se observa a varios presos encapuchados sobre las estructuras del recinto penitenciario.

Asimismo, la ONG informó este lunes que 112 mujeres recluidas en el anexo femenino del Injuba fueron trasladadas a un lugar no especificado tras los disturbios. Según el reporte, las autoridades penitenciarias notificaron a familiares que el recinto sería desalojado y que posteriormente se instalaría una mesa técnica para revisar casos judiciales.

La organización Provea también pidió la intervención inmediata de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad, citando las Reglas Mandela de Naciones Unidas sobre el trato a los reclusos.

El caso ocurre semanas después de otro motín registrado en la cárcel de Yare, en el estado Miranda, donde al menos cinco personas murieron durante un incidente similar, también bajo investigación del Ministerio Público.