La captura en Jamaica de Jhovanny de Jesús Metz Cruz (alias “Macho”), de 28 años de edad, no solo abre el camino para esclarecer la muerte del chofer de camión recolector de basura Deivy Carlos Abreu Quezada, sino que coloca el caso en el punto de inflexión marcado por la reciente entrada en vigor del nuevo Código Penal (Ley 74-25) en agosto de 2026.

Metz Cruz, buscado por el homicidio ocurrido el pasado 17 de abril de 2026 en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, ingresó de manera ilegal a territorio jamaiquino por vía marítima y bajo una identidad falsa. Su arresto, ejecutado por la OCN-INTERPOL Santo Domingo en coordinación con las autoridades de Jamaica, dio paso de inmediato a los trámites de extradición y deportación procesados a través de la Cancillería dominicana y la Procuraduría General de la República.

Extradición

El procedimiento legal requerirá que, una vez repatriado a suelo dominicano, el imputado sea presentado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago para la imposición de medidas de coerción. Ante el evidente riesgo de fuga que representó su salida clandestina del país, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva mientras formaliza la acusación por homicidio voluntario y asociación de malhechores al haber atacado a la víctima en grupo junto a una turba de motoristas.

Código Penal

La entrada en vigencia de la Ley 74-25 transforma de forma sustancial el debate sobre la condena que podría enfrentar el imputado. Mientras el derogado Código Penal de 1884 contemplaba para el homicidio voluntario básico (artículo 295) una pena de 5 a 20 años de reclusión, el nuevo marco normativo fija para el tipo básico una escala de 10 a 20 años de prisión mayor, la cual se eleva a 20 a 30 años o de 30 a 40 años cuando concurren circunstancias agravantes mayores.

Sin embargo, el elemento determinante en los tribunales será la fecha en que se perpetró el crimen. Al haberse cometido el hecho en abril de 2026 —meses antes de la entrada en vigor de la Ley 74-25 en agosto de 2026—, entra en juego el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal sustantiva previsto en el Artículo 110 de la Constitución de la República, el cual prohíbe aplicar de forma retroactiva leyes penales más severas al imputado.

Por consiguiente, aunque el nuevo ordenamiento jurídico eleve los topes punitivos a escalas de hasta 40 años de prisión, los jueces deberán juzgar a Metz Cruz , alias Macho bajo las normas y marcos de sanción vigentes al momento de la comisión del hecho. El proceso sentará un precedente sobre la aplicación de las garantías constitucionales en el marco de la transición hacia el nuevo Código Penal en la República Dominicana