El presidente Luis Abinader emitió este 29 de septiembre el Decreto núm. 675-26, mediante el cual modifica nuevamente el Reglamento de Licencias de Conducir y establece un período uniforme de cuatro años para la vigencia de las licencias y autorizaciones para conducir.

La medida se produce luego de la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, emitida el 14 de septiembre de 2026, en la que la alta corte conoció una acción directa de inconstitucionalidad relacionada con el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que regula las licencias de conducir.

De acuerdo con la disposición divulgada, el nuevo decreto deroga el Decreto 330-26 y establece que las licencias tendrán una vigencia de cuatro años, con vencimiento el día del cumpleaños de su titular, conforme a lo previsto en el artículo 208 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La edad no podrá ser el único criterio

El nuevo reglamento dispone que la edad, por sí sola, no podrá utilizarse como criterio para reducir, limitar o negar la vigencia de una licencia de conducir.

La aptitud de cada persona para conducir deberá determinarse mediante las evaluaciones correspondientes, incluyendo pruebas físicas, teóricas y prácticas, bajo las competencias asignadas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

El cambio elimina así el esquema establecido por el Decreto 330-26, emitido en mayo pasado, que había fijado cuatro años de vigencia para determinadas categorías hasta los 75 años y períodos más cortos a partir de esa edad.

¿Cuándo podrá suspenderse o cancelarse una licencia?

Según la nueva disposición, una licencia podrá ser suspendida o cancelada cuando su titular deje de cumplir los requisitos establecidos por la legislación o cuando se determine, mediante certificación médica, una imposibilidad permanente para conducir.

Estas medidas deberán aplicarse respetando el debido proceso administrativo.

Con el Decreto 675-26, el Poder Ejecutivo busca adecuar el Reglamento de Licencias de Conducir a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y establecer un régimen que no diferencie la vigencia del documento exclusivamente por la edad del conductor.