El presidente Luis Abinader promulgó la noche del lunes, el decreto número 672-26, mediante el cual dispone que las contrataciones públicas destinadas a programas sociales, alimentación, salud, educación y vestimenta, deberán ser dirigidas exclusivamente por micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMES industriales), así como para productores locales, sin intermediarios.

La orden ejecutiva indica que esto busca dar cumplimiento a los principios de inclusión, favorabilidad de la producción nacional y el fomento del desarrollo local consagrados en la Ley número 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto número 52-26.

La disposición exige que los bienes y productos adquiridos por el Estado para este tipo de asistencias provengan directamente de fabricantes, agroindustrias y productores agrícolas establecidos en el territorio dominicano, garantizando un impacto directo en la generación de empleos y el fortalecimiento del tejido productivo nacional.

Entre las entidades públicas sujetas a este mandato se encuentran el Ministerio de Educación (MINERD), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Policía Nacional.

Asimismo, alcanza al Ministerio de Defensa, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

La lista la completan el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), entre otras.

La exclusividad aplicará estrictamente a los renglones vinculados a sus programas sociales y asistenciales, siempre que exista la oferta requerida en cantidad y calidad.

Para optar por estas licitaciones reservadas, las MIPYMES industriales deberán contar obligatoriamente con el Registro Industrial emitido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), así como con la Certificación MIPYME o MIPYME Mujer otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Asimismo, las instituciones deberán validar que los productos cumplan con los estándares y reglamentos técnicos dictados por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).

El decreto también contempla la creación de la Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para dar seguimiento a la oferta local y coordinar capacitaciones dirigidas a los comités de compras y a los micro y pequeños empresarios.

De igual manera, se instruyó a PROINDUSTRIA a modernizar el Registro Industrial mediante plataformas digitales e interoperables que permitan verificar de forma transparente la capacidad productiva de las industrias nacionales.

La disposición ha sido catalogada como positiva por parte de los pequeños y medianos empresarios, quienes entienden que ahora se abre una oportunidad importante para el crecimiento de la industria local.