Redacción.- El Gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó para reforzar sus críticas contra el organismo, al que volvió a calificar de “corrupto”, “sin valor” y carente de credibilidad.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la medida anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos impulsados por Washington para desmantelar la CPI.

Cuestionamientos de Washington a la Corte Penal Internacional

La administración del presidente Donald Trump afirmó que la Corte ha investigado a Nicolás Maduro desde 2018 sin obtener resultados y cuestionó que el tribunal destine recursos a investigar a ciudadanos de países con sistemas judiciales que, según Estados Unidos, son independientes y nunca aceptaron la jurisdicción de la CPI.

Washington sostuvo que esa actuación refleja una “extralimitación”, además de un supuesto sesgo político y una aplicación selectiva de la justicia.

Asimismo, destacó que Maduro, actualmente detenido en territorio estadounidense, enfrenta la justicia de ese país por los presuntos delitos que se le atribuyen.

Llamado a abandonar el Estatuto de Roma

El comunicado también instó a los Estados Parte a abandonar el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional.

Venezuela formaliza su salida de la CPI

La reacción de Estados Unidos se produjo un día después de que el Gobierno venezolano anunciara su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro de la Corte Penal Internacional.

El canciller venezolano, Félix Plasencia, argumentó que la CPI ha concentrado de manera desproporcionada sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos, acusando al tribunal de actuar con un sesgo que responde a intereses ajenos a la justicia.

Además, informó que, por instrucciones de Delcy Rodríguez, la decisión ya fue comunicada al secretario general de la ONU, António Guterres.

Argumentos del Gobierno venezolano

La mandataria encargada sostuvo que la Corte ha mantenido un historial de actuaciones dirigidas contra países del llamado sur global y aseguró que Venezuela apuesta por un modelo de justicia internacional basado en el respeto a la soberanía de los Estados y al derecho internacional.

La CPI responde: la salida no es inmediata

En respuesta, la Corte Penal Internacional lamentó la decisión venezolana y recordó que la retirada del Estatuto de Roma no tendrá efecto inmediato.

El tribunal explicó que Venezuela continuará siendo Estado Parte durante un año a partir de la notificación oficial y deberá seguir cooperando con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.

Investigación contra Venezuela sigue abierta

La investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece abierta desde 2018 y se enfoca en hechos ocurridos desde 2017.

En 2023, la Corte autorizó reanudar las pesquisas, luego de rechazar los intentos del entonces Gobierno de Nicolás Maduro de detener el proceso alegando que la justicia venezolana ya investigaba esos casos.

Histórica tensión entre Estados Unidos y la CPI

La relación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional ha estado marcada por desacuerdos desde la creación del tribunal. Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma y sostiene que la Corte no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.

Durante su primer mandato, Donald Trump impuso sanciones contra funcionarios de la CPI por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Aunque esas medidas fueron levantadas posteriormente por el presidente Joe Biden, Estados Unidos mantuvo su rechazo a cualquier intento del tribunal de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte de la Corte.

En su segundo mandato, Trump retomó una postura de confrontación con la CPI, especialmente tras las actuaciones relacionadas con Israel, insistiendo en que el organismo actúa por motivaciones políticas y excede las funciones para las que fue creado.