Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, que crea el Sistema Nacional de Alerta para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominado «Alertas RD», con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado ante casos de desaparición y situaciones de peligro inminente.

La nueva legislación establece un mecanismo de difusión masiva e inmediata de información sobre personas desaparecidas, integrando a instituciones públicas, medios de comunicación y ciudadanía para acelerar los procesos de localización.

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es que la activación de una alerta deberá realizarse de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en un plazo no mayor de 24 horas después de recibir la denuncia, la cual podrá presentarse de forma presencial o telefónica.

La ley también clasifica las alertas según las características de la persona desaparecida. La Alerta Amber estará destinada a niños, niñas y adolescentes; la Alerta Silver a adultos mayores de 65 años; la Alerta Azul a personas con discapacidad física o mental; y la Alerta Rosa a mujeres desaparecidas en contextos de violencia de género o trata de personas.

Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días calendario, con posibilidad de ser renovadas tantas veces como sea necesario. Su difusión se realizará a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y boletines policiales.

La normativa crea además el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada administrada por la Policía Nacional que permitirá coordinar las acciones de búsqueda entre distintas instituciones.

Asimismo, se establece el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, con la participación de organismos estatales vinculados a la seguridad, protección social, salud y atención de emergencias.

La Ley 25-26 también contempla sanciones para los funcionarios que omitan reportar casos de desaparición o dificulten la aplicación de los protocolos establecidos.

Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la protección de los derechos fundamentales y mejorar la capacidad de respuesta ante desapariciones en todo el territorio nacional.