Santo Domingo. Los abogados de Mirqueya Ramírez denunciaron este lunes la existencia de una posible “componenda y entramado” jurídico orientado a poner en libertad al principal acusado de una presunta violación grupal agravada y robo agravado, hechos que, según la denuncia, habrían sido cometidos por una supuesta banda de brujos violadores y estafadores que operaría en Azua y Baní.

De acuerdo con la denuncia, el imputado identificado como Joselo Yan, también conocido como Moisés Amadís y/o Henry Ardón Moya, enfrenta una audiencia fijada para este martes 20 de enero ante la jueza Dayana Gil, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Azua de Compostela, con el objetivo de variarle la medida de coerción de prisión preventiva que pesa en su contra.

La defensa de la víctima aseguró que dicha magistrada había sido previamente recusada y que la audiencia fue convocada de manera “repentina y sorpresiva”, lo que, a su juicio, genera serias suspicacias sobre la intención de favorecer al imputado.

Señalaron además que el acusado mantiene varios procesos abiertos, incluyendo expedientes en la Corte de Apelación de San Cristóbal, donde, afirman, se celebraron al menos siete audiencias a las que nunca compareció, alegando supuestos problemas de salud coincidentes con las fechas de los juicios.

Según los abogados, estas incomparecencias se habrían producido con la presunta complicidad de autoridades del centro penitenciario de Azua y de un hospital público, sin que, aseguran, existiera una respuesta efectiva del Ministerio Público, el sistema penitenciario ni del Poder Judicial, lo que habría permitido al imputado evadir reiteradamente la justicia.

Llamado a las autoridades

Ante esta situación, los representantes legales de Mirqueya Ramírez hicieron un llamado urgente a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; y al director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, para que intervengan de manera inmediata en el caso.

La defensa denunció, además, que la víctima habría sido dejada en estado de indefensión por el Ministerio Público, señalando a la fiscal Belkis Arias, coordinadora de Violencia de Género de Baní, por supuestamente excluir pruebas clave, como un informe psicológico, lo que habría facilitado beneficios procesales al imputado.

En ese sentido, solicitaron la designación de un fiscal especial y la declaratoria de complejidad del proceso, así como la unificación de los expedientes relacionados con otros implicados, incluidos nacionales haitianos.