Santo Domingo. La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, acusó este viernes al Ministerio Público de fabricar testimonios y sostener un esquema de protección a favor de José Pablo Ortiz Giráldez, a quien señaló como un “operador central” de los hechos imputados en el expediente por presunta corrupción que involucra al exfuncionario.

El planteamiento fue formulado por la abogada Laura Acosta durante la audiencia celebrada en el Segundo Juzgado de la Instrucción, donde afirmó que el órgano acusador contaba desde hace años con información suficiente para investigar y detener las supuestas operaciones ilícitas atribuidas a Ortiz Giráldez, pero optó por no actuar para preservarlo como testigo estratégico en procesos dirigidos contra exfuncionarios del pasado gobierno.

Según la defensa, en enero de 2022 el Ministerio Público solicitó información sobre la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud, propiedad de Ortiz Giráldez, y aun así, ocho meses después, los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho habrían aceptado su versión de que no poseía bienes, pese a que, aseguró, ya utilizaba esa empresa en presuntas operaciones irregulares en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Acosta sostuvo que, mientras a otros imputados se les atribuyen responsabilidades menores, Ortiz Giráldez figura como testigo protegido sin una evaluación crítica de su credibilidad ni un contraste riguroso de su rol en la estructura investigada, lo que calificó como incompatible con el deber de objetividad del Ministerio Público.

Indicó que este mismo patrón se habría repetido tres años después en la solicitud de medidas de coerción del caso Senasa, donde Ortiz Giráldez reaparece vinculado a empresas y operaciones cuestionadas, pero nuevamente sin enfrentar cargos, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia deliberada para blindarlo y utilizarlo en expedientes de interés político.

Durante su exposición, la defensa también denunció la presunta preparación de versiones de los hechos para algunos testigos. Como ejemplo citó el caso de Mustafá Abu Naba’a, en cuyo teléfono se habría encontrado un documento titulado “Relación de Hechos”, recibido días antes de su interrogatorio formal y cuyo contenido coincidía con sus declaraciones posteriores ante el Ministerio Público.

Asimismo, advirtió que la acusación presenta a Abu Naba’a como víctima de una supuesta extorsión atribuida a Gonzalo Castillo, sin más prueba que su testimonio, lo que, según la defensa, lo beneficiaría en un arbitraje internacional contra el Estado dominicano ante el CIADI, con un riesgo superior a los 90 millones de dólares.

La defensa concluyó solicitando la nulidad absoluta del proceso, al considerar que la acusación “no puede sostenerse sobre omisiones deliberadas, contradicciones documentales y privilegios ocultos”.

Sobre la acusación

El Ministerio Público acusa a los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros imputados, de integrar una estructura que presuntamente defraudó al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, sobornos y financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2020.

El expediente incluye a 46 personas físicas y jurídicas, acusadas de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y otros delitos.

Entre los procesados figuran el abogado Ángel Lockward, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirilo, así como varios exfuncionarios y empresarios.