Santo Domingo. – El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los imputados en el caso Senasa 2.0, mientras que a los demás procesados les fueron impuestas distintas medidas de coerción.

La decisión está contenida en la resolución número 0668-2026-SMDC-02193, mediante la cual el tribunal también declaró complejo el proceso, lo que permite la aplicación de los plazos y reglas establecidos para este tipo de casos.

Ocho enviados a prisión

Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir los 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Mientras que Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la misma medida, por 18 meses, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

El tribunal estableció además que la prisión preventiva de estos ocho imputados tendrá una revisión obligatoria el 22 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Arresto domiciliario

Otros nueve imputados deberán permanecer bajo arresto domiciliario. Entre ellos figuran Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.

La resolución establece que quienes se encuentran bajo esta medida podrán obtener los permisos necesarios para acudir a citas médicas o atender diligencias familiares urgentes, previa autorización correspondiente.

Garantías económicas

Para otros procesados, el tribunal combinó la garantía económica, el impedimento de salida del país y el arresto domiciliario.

Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo deberán pagar una garantía económica de RD$2 millones, además de cumplir las otras medidas.

Por su parte, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Martha María Saldaña Saldaña fueron sometidas a una garantía económica de RD$3 millones, junto con impedimento de salida y arresto domiciliario.

En tanto, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre recibieron una garantía económica de RD$1 millón, impedimento de salida y presentación periódica cada día 30 ante el Ministerio Público, de acuerdo con la resolución.

¿De qué se acusa a los imputados?

El proceso está relacionado con una investigación por un presunto esquema que habría afectado al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Entre las imputaciones citadas en la resolución figuran presunta corrupción, asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, estafa contra el Estado, infracciones a la Ley de Seguridad Social, acceso ilícito y robo de identidad mediante medios tecnológicos y lavado de activos.

La resolución identifica como partes perjudicadas al Estado dominicano y al Seguro Nacional de Salud (Senasa).