Santo Domingo. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge, ambos acusados de difamación e injuria, en procesos judiciales que involucran directamente a la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful, entre otras personalidades.

El tribunal ordenó presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica para ambos imputados, quienes deberán cumplir estas condiciones mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Martínez, bajo escrutinio por múltiples querellas

En el caso de Ángel Martínez, conocido por autodefinirse durante años como detective y exagente del FBI, la jueza dispuso una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Martínez fue detenido el pasado miércoles, 23 de julio, luego de expresarse de manera agresiva contra el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en momentos en que era conocida la solicitud de medida de coerción, por lo que estuvo detenido en la cárcel del Palacio de Justicia hasta este martes, cuando le fue realizada la audiencia.

El imputado enfrenta varias querellas por difamación e injuria, interpuestas por varias personas, que incluyen a la ministra Faride Raful, por supuestas declaraciones calumniosas y ataques personales difundidos en medios digitales y redes sociales.

Ingrid Jorge deberá pagar 200 mil pesos de fianza

Este martes también le fueron impuestas medidas similares a la comunicadora Ingrid Jorge, acusada de emitir declaraciones difamatorias contra la ministra de Interior y Policía. En su caso, la jueza fijó una garantía económica de 200 mil pesos, la cual deberá pagar en un plazo de siete días.

La presentadora, además de la garantía económica, deberá presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y tiene prohibido salir del país mientras se desarrolla el proceso judicial.

Tanto Martínez como Jorge están siendo procesados por los delitos de difamación e injuria, contemplados en la legislación dominicana como infracciones a la honra y la reputación de terceros, cuando se hacen a través de medios públicos o de alta difusión.