Santo Domingo. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio los registros de 20 proveedores del Estado, entre personas jurídicas y consorcios, señalados como parte de una estructura que habría manipulado procesos de compras públicas mediante prácticas fraudulentas, según la resolución DGCP44-2025-004600.

La DGCP explicó que la suspensión obedece a una investigación administrativa propia y a una pesquisa penal liderada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, por presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores.

La entidad subrayó que la medida no es una sanción, sino una acción preventiva para resguardar la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).

Las razones sociales suspendidas incluyen a Comerdon SRL, Inversiones Qtek SRL, Condelca SRL, Tingley Business SRL, Mediterráneo Investments Group SRL, Kury Limited, Importadora Coav SRL, Empresas Integradas SAS, Flexiplas SRL, Inversiones Nogal Verde SRL, Agro Avícola Benevento SRL, Grupo Empresarial Barnichta SRL, Inversiones Yang SRL, Topicverse SRL y Roment SRL.

También fueron inhabilitados los consorcios Empresas Integradas & Concreto Pretensado, Empresas Integradas & Constructora Yeara, Empresas Integradas & Farmasino, Empresas Integradas & Tankasa e Importadora Integrada. La institución advirtió que más proveedores podrían sumarse a la lista conforme avancen las indagatorias.

Según el órgano rector, mantener activos a estos proveedores representaba un “riesgo grave e inminente”, ya que existen indicios razonables de participación organizada en actos ilícitos que comprometen la libre competencia, la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.

La DGCP sostiene que la habilitación operativa de estas empresas podría facilitar la reiteración de infracciones u obstruir los procesos de contratación.

La institución recordó que a finales de octubre remitió a la Procuraduría un informe técnico elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría, donde se documenta la presunta manipulación de procesos, la participación coordinada de las empresas investigadas, rotación inusual de adjudicatarios y patrones de concentración de contratos.

El informe incluye testimonios de proveedores que denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas.