Sánchez Ramírez. El objetivo del acuerdo firmado entre Barrick Pueblo Viejo y los representantes de las comunidades de Cotuí es garantizar que la expansión de la mina en la provincia Sánchez Ramírez beneficie directamente a las familias afectadas.

Con una inversión superior a los RD$20 mil millones, el acuerdo busca transformar la vida de los habitantes mediante la construcción de viviendas dignas y el acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, energía eléctrica, centros educativos, instalaciones deportivas y mejores vías de acceso.

Además, el pacto contempla un programa integral dirigido a mejorar el bienestar social, que incluye soporte psicosocial, educación financiera, generación de ingresos, reducción del analfabetismo y fortalecimiento de la convivencia en las nuevas comunidades que se crearán.

Infraestructuras y nuevas compensaciones

El acuerdo también contempla compensaciones por los cultivos y tierras afectadas por la expansión minera. Se prevé la construcción de infraestructuras comunitarias como un destacamento policial, un mercado, un cementerio municipal y una unidad de atención primaria.

Además, se mejorará el tramo carretero Cotuí-Nuevos Horizontes, lo que facilitará la conectividad de la región.

Reacciones y compromisos

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que este acuerdo representa un paso significativo hacia una minería responsable, enfatizando la importancia de trabajar de manera conjunta e inclusiva.

Agradeció a los mediadores por su participación en este proceso, resaltando que la expansión minera será compatible con el bienestar de las comunidades.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, subrayó que el proceso es «evolutivo» y continuará con el acompañamiento constante de su oficina, asegurando que se cumplan los compromisos y que las comunidades puedan beneficiarse de manera efectiva.

Por su lado, la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, resaltó que el programa fue diseñado de manera participativa, alineado con los estándares internacionales del International Finance Corporation (IFC), para garantizar prácticas sociales y ambientales adecuadas.

Martín Guzmán, uno de los representantes de las comunidades, valoró positivamente el acuerdo, destacando el enfoque participativo y el diálogo constante que se ha llevado a cabo a lo largo del proceso.

La firma del acuerdo estuvo acompañada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez; y Rolando Muñoz, director general de Minería.

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