Santo Domingo. – La medida de coerción impuesta a la comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, tras la querella presentada por la comunicadora Isaura Taveras por presunta difamación e injuria, vuelve a poner en discusión los casos de figuras de los medios que han tenido que acudir a los tribunales por declaraciones realizadas públicamente.

«La Tora» recibió una garantía económica de RD$500,000 en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.

El caso se suma a otros procesos que han involucrado a comunicadores y periodistas por declaraciones difundidas en programas de televisión, radio y plataformas digitales.

Ángel Martínez

El comunicador Ángel Martínez ha enfrentado medidas de coerción e impedimentos relacionados con acusaciones difundidas contra la funcionaria pública Faride Raful.

Además, ha sido objeto de múltiples querellas por declaraciones realizadas a través de medios digitales.

Tamara Martínez

La comunicadora Tamara Martínez fue llevada a los tribunales tras una querella por declaraciones consideradas lesivas contra la vida privada de la comunicadora Gabi Desangles.

La jueza de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la condenó a tres meses de prisión tras declararla culpable de difamación e injuria.

Ingrid Jorge, “La Torita”

Ingrid Jorge también ha enfrentado procesos ante la justicia penal por presunta difamación e injuria.

Uno de los casos estuvo relacionado con declaraciones contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. Jorge fue señalada por afirmar públicamente que poseía material íntimo de la funcionaria, declaraciones de las que posteriormente se retractó.

También obtuvo una medida de coerción a raíz de una querella presentada por el procurador adjunto Iván Féliz, quien la acusó de agraviar su honor.

Carlos Rubio

El comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez enfrenta querellas formales ante la Fiscalía por presunta difamación e injuria a través de plataformas digitales.

Una de las acciones fue iniciada por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional por publicaciones que consideró falsas, difamatorias e injuriosas.

El caso se suma a otros procesos en los que Rubio también ha sido acusado de extorsión y difamación, incluido uno presentado ante la justicia de Estados Unidos.

Nelson Gutiérrez y “El Francotirador”

Los comunicadores Nelson Gutiérrez y Joan René Santana, conocido como “El Francotirador”, también han sido sometidos a la justicia tras querellas por difamación presentadas por exmandos policiales.

Otros casos

El periodista radial Johnny Alberto Salazar, de Nagua, fue condenado en primera instancia por difamación tras denuncias realizadas en su programa. Posteriormente, la sentencia fue anulada por una Corte de Apelación.

José Agustín Silvestre, comunicador de la región Este, también fue sometido a la justicia y encarcelado temporalmente tras querellas de autoridades judiciales por acusaciones realizadas en su programa de televisión.

En Santiago, los comunicadores David Lantigua, Roberto Tineo y Carlos Benoit, del canal Luna TV, fueron demandados por difamación e injuria por exfuncionarios públicos a raíz de comentarios realizados en televisión local.

¿Qué establece el nuevo Código Penal?

Estos casos adquieren relevancia con la entrada en vigor de la Ley 74-25, que modifica el Código Penal dominicano y contempla sanciones para conductas como la divulgación de información secreta, difusión ilícita de contenido íntimo, difamación, injuria, difamación extorsiva y acoso cibernético.

También se establece que las personas jurídicas pueden responder penalmente por delitos cometidos mediante sus espacios físicos o digitales, pudiendo enfrentar multas, clausuras, revocación de licencias y otras sanciones.

Además, el Código contempla delitos relacionados con obstaculizar investigaciones, no informar sobre determinados delitos contra personas vulnerables, abstenerse de denunciar y ocultar pruebas, aunque establece excepciones, entre ellas para quienes están protegidos por el secreto profesional.

En términos prácticos, el nuevo marco obliga a los medios y profesionales de la comunicación a reforzar la verificación de informaciones, documentación de fuentes y controles internos, especialmente cuando se trate de acusaciones, contenidos sensibles o hechos que puedan afectar el honor, la intimidad o la reputación de terceros.