Santo Domingo. – Este 6 de abril, a casi un año del colapso del techo de la discoteca Jet Set, la República Dominicana revive una de las tragedias más dolorosas de su historia reciente, un hecho que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, y que aún mantiene a toda la sociedad a la expectativa de una decisión judicial definitiva.

La tragedia ocurrió la noche del 5 de abril de 2025, en medio de una actividad multitudinaria, cuando el techo del emblemático centro de diversión colapsó de forma repentina. En cuestión de segundos, lo que era un ambiente de música y celebración se convirtió en caos, desesperación y gritos de auxilio. Decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros, mientras otros intentaban rescatar a las víctimas en medio de la confusión.

Con el paso de las horas y los días, las cifras oficiales confirmaron la magnitud del desastre, sumiendo al país en un profundo duelo nacional. Las redes sociales, los centros de salud y los espacios públicos se llenaron de mensajes de solidaridad, jornadas de donación de sangre y vigilias, mientras familiares y allegados exigían respuestas claras sobre lo ocurrido.

En medio de ese escenario, comenzaron a surgir señalamientos sobre posibles responsables. Informaciones preliminares apuntaban a los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, lo que generó una rápida reacción pública. En menos de dos meses, las denuncias formales empezaron a acumularse en la Fiscalía del Distrito Nacional, mientras el caso era declarado complejo y tipificado como homicidio involuntario.

El 14 de abril de 2025, el Ministerio Público dejó abierta formalmente la investigación, a cargo de la Dirección General de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, en conjunto con la Fiscalía del Distrito Nacional. Ese mismo día, los familiares del primer teniente de la Policía Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas, presentaron la primera querella penal contra los propietarios del establecimiento.

Paralelamente, el presidente Luis Abinader instruyó a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) encabezar un equipo técnico para determinar las causas del colapso. Antonio Espaillat, por su parte, manifestó públicamente su disposición de colaborar con las autoridades y aseguró que el hecho había marcado su vida y la de su familia, comprometiéndose además a apoyar a las víctimas.

Para inicios de junio, la Fiscalía del Distrito Nacional ya había recibido al menos 65 acciones legales, entre ellas 22 querellas y 43 denuncias, dirigidas contra Antonio y Maribel Espaillat, así como contra la razón social Inversiones E y L, S.R.L.

El 5 de junio, la comisión técnica designada por el Gobierno entregó su informe a la Procuraduría General de la República, documento clave para el avance del proceso. Apenas días después, el 12 de junio, los hermanos Espaillat acudieron a la Procuraduría, donde fueron interrogados durante varias horas. Posteriormente, quedaron bajo arresto y fueron investigados formalmente por homicidio involuntario. Esa misma noche, Antonio Espaillat fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El 14 de junio, el Ministerio Público depositó la solicitud de medidas de coerción, en la que pidió prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat. El expediente incluyó más de 130 elementos de prueba y al menos 64 testimonios, entre ellos empleados, sobrevivientes, investigadores y testigos directos de la tragedia.

El proceso judicial continuó el 15 de junio, cuando inició el conocimiento de la medida de coerción, siendo aplazado para el 18 de junio para permitir a la defensa estudiar el expediente. Ese día, tras la presentación completa de la acusación, la jueza Fátima Veloz impuso medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de 50 millones de pesos para ambos imputados, declarando además el caso como complejo.

La decisión fue duramente criticada por el Ministerio Público, que anunció inmediatamente un recurso de apelación, calificando la medida como insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. El 20 de junio, tras completar el pago de la fianza, los hermanos Espaillat recuperaron su libertad.

El proceso continuó escalando. El 27 de junio, el Ministerio Público formalizó el recurso de apelación contra las medidas impuestas, aunque posteriormente la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó múltiples recursos presentados tanto por el órgano acusador como por querellantes.

Meses más tarde, el 7 de noviembre de 2025, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra los hermanos Espaillat, reiterando los cargos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, sustentados en los artículos 319 y 320 del Código Penal.

Ya en el año 2026, el proceso entró en la fase preliminar. El 12 de enero, estaba previsto el inicio de la audiencia preliminar en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pero fue aplazada para el 16 de marzo con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos procesales.

En esa fecha, el tribunal volvió a posponer la audiencia, esta vez para el 6 de abril, tras la incorporación de nuevas víctimas como querellantes, lo que obligó a notificar a todas las partes y garantizar el derecho a la defensa.

Hoy, 6 de abril de 2026, a dos días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, la nación dominicana sigue atenta al desarrollo del caso Jet Set. Entre el dolor, la memoria y la exigencia de justicia, cientos de familias esperan que el proceso judicial arroje respuestas claras y sanciones proporcionales a un hecho que dejó una herida imborrable en la historia del país.