Alexis y Magalys Medina, junto a otros 19 acusados, enfrentan cargos por presunto desfalco, lavado de activos y tráfico de influencias en un caso histórico para la justicia dominicana.

Santo Domingo. Tras casi cinco años de haberse sometido a los tribunales, este miércoles, a las 11:00 de la mañana, está prevista la lectura del fallo en el juicio de fondo con los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Magalys Medina Sánchez, y otros 19 acusados en un caso de corrupción administrativa que habría desviado alrededor de 5 mil millones de pesos.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por la juez presidenta Clarivel Nivar, y las magistradas Clara Castillo y Jisell Soto, emitirá sentencia al primer proceso judicial por presunta corrupción iniciado en contra de exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina (2012-2016/2016-2018).

El caso comenzó en la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito, sustituida en el cargo en febrero de este año por Yeni Berenice Reynoso, quien con anterioridad estuvo liderando el proceso de investigación como directora de Persecución del Ministerio Público, junto al procurador adjunto del Ministerio Público Wilson Camacho, quien fungía como titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hermanos Medina, junto a otros exfuncionarios, crearon un entramado de corrupción administrativa de proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon los vínculos familiares con el expresidente Medina para el enriquecimiento ilícito, lavado de activos, despilfarro del erario público y tráfico de influencia.

El caso atravesó múltiples etapas, incluyendo la acusación formal en diciembre de 2021 y el inicio del juicio de fondo en septiembre de 2023.

Juicio de fondo

El juicio de fondo comenzó en mayo de 2023, pero su complejidad alargó el proceso debido a la cantidad de pruebas y recursos legales interpuestos por la defensa.

El expediente acusatorio del Ministerio Público, que contiene un total de 3,445 páginas, contempla más de 40 imputados, entre personas físicas y empresas, que formarían parte del supuesto entramado que habría desfalcado al Estado.

Alexis Medina

Juan Alexis Medina Sánchez es el principal acusado. Según el Ministerio Público, creó un entramado societario para hacer negocios millonarios con el Estado, aprovechando su condición privilegiada de ser hermano del entonces presidente.

Se le señala por llevar a cabo actividades comerciales con el Gobierno, desde la venta de combustibles, de alimentos y bebidas, cocinas, camas, artículos de limpieza, mobiliario de oficinas, construcción, equipos médicos, consultorías profesionales, servicios de seguridad y pertrechos militares a varias instituciones públicas.

Se alega que también ofertó y ganó licitaciones de equipos informáticos, maquinarias para la construcción, materiales educativos, productos farmacéuticos, mantenimiento de vehículos, venta de plantas y de animales vivos. 

Los demás acusados

Además de los hermanos del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis y Carmen Magalys, están vinculados al caso el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; el exdirector de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el exministro de salud  pública Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar; y Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, ex director de fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Oisoe).

También José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea), Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Paola Mercedes Molina Suazo, Víctor Matías Encarnación Montero, Libni Arodi Valenzuela Matos.

Así como Julián Esteban Suriel Suazo; Carlos Martín Montes de Oca; Rigoberto Alcántara Batista; José Miguel Genao Torres; Antonio Florentino Méndez; Fulvio Antonio Cabreja Gómez (a) Ángelo; José Idelfonso Correa Martínez; Domingo Antonio Santiago Muñoz ; Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez; y Lewyn Ariel Castillo

Los imputados Francisco Pagán, Alejandro Christopher, Rafael Germosén Andújar, Julián Esteban Suriel Suazo y Lewyn Ariel Castillo Roble llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público y colaboraron en el proceso de la investigación, suministrando informaciones y documentos. 

El Ministerio Público solicitó que todos los imputados sean inhabilitados para contratar con el Estado o desempeñar funciones públicas durante 10 años, el decomiso de los bienes incautados y la degradación cívica, que conlleva la pérdida de derechos civiles y políticos. Y que las condenas, en caso de ser acogidas, se cumplan en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, según corresponda.

Acusados, a qué se vinculan y qué solicita el Ministerio Público

Centro de operaciones del entramado y empresas vinculadas

De acuerdo al Ministerio Público, el entramado desarrollaba sus operaciones  en un local ubicado en la avenida 27 de Febrero 328, en el edificio RS, del sector de Bella Vista en el Distrito Nacional. Supuestamente allí funcionaban las empresas vinculadas a Alexis Medina: Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL.

Además, Maybro SRL, Supply Agropeco SRL, Oversea Petroleum Group OPG SRL, Veintisiete 328 SRL, Consorcio GGSC SRL, Electrodacd SRL, Comercial Covanta SRL, Fundación Tornados Fuerzas Vivas, entre otras.

Alegato de Alexis Medina

Durante la presentación de sus conclusiones, la defensa de Alexis Medina Sánchez aseguró que el acusado no tenía ningún impedimento legal para contratar con el Estado durante los dos gobiernos de su hermano Danilo Medina y que su nombre no aparezca en ninguna de las empresas con las que hizo negocios con instituciones públicas «se debe a una decisión comercial, que es bastante común en República Dominicana».

El hermano menor del expresidente expresó que en su acusación hay una agenda política para destruir el Partido de la Liberación Dominicana.