Santo Domingo. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) advirtió a la Procuraduría General de la República sobre el riesgo de que ciudadanos denunciantes de presuntos actos de corrupción administrativa puedan enfrentar represalias administrativas o legales, tras revelar irregularidades en instituciones públicas.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, realizó una visita a la Procuraduría con el propósito de poner en conocimiento esta situación y fortalecer la coordinación interinstitucional, en especial en los casos que ya se encuentran bajo investigación penal.

Ortiz Bosch explicó que, en agosto de 2025, la Digeig recibió una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON). Luego de realizar los levantamientos preliminares, la entidad determinó que los hechos revestían carácter penal, por lo que el expediente fue remitido al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), conforme a lo establecido en la Ley 133-11.

La funcionaria indicó que la visita a la Procuraduría obedece a la preocupación institucional de que los denunciantes o testigos puedan ser objeto de acciones que afecten su estabilidad laboral o su situación legal, razón por la cual consideró necesario alertar al órgano responsable de la persecución penal.