Santo Domingo. Las agresiones contra mujeres con el denominado “ácido del diablo”, uno de los delitos más crueles y alarmantes registrados en la República Dominicana en años recientes, se redujeron en un 99 % durante el año 2025.

La disminución, de acuerdo con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), es resultado del endurecimiento de los controles sobre la comercialización, distribución y uso de sustancias químicas altamente corrosivas.

Hace apenas algunos años, la República Dominicana llegó a registrar más de un centenar de ataques con este tipo de sustancias en diferentes puntos del territorio nacional, generando alarma social, indignación ciudadana y un fuerte reclamo para que las autoridades actuaran con firmeza frente a una violencia que afectaba principalmente a mujeres y a sus familias.

Pro Consumidor explicó que la reducción obedece a operativos nacionales de fiscalización, decomisos masivos, sometimientos a la justicia y una coordinación estrecha con el Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado, acciones que han permitido sacar del mercado estos productos altamente peligrosos.

En ese contexto, se recuerda que, en septiembre de 2021, el presidente Luis Abinader anunció una ofensiva directa contra la venta del llamado “ácido del diablo”, afirmando que no se podía permitir que este químico continuara destruyendo vidas en el país.

“No se puede permitir que ese desgraciado ácido del diablo siga afectando a la familia dominicana, por lo que nos vamos a enfocar con Pro Consumidor a la cabeza para que este químico desaparezca de la República Dominicana”, expresó entonces el mandatario.

El jefe de Estado también advirtió que todo el peso de la ley recaería sobre quienes vendieran este producto de manera irresponsable e ilegal, reiterando que no habría tolerancia frente a este tipo de prácticas criminales.

Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y especialistas en violencia de género coinciden en que esta reducción histórica constituye un avance significativo en la protección de las mujeres, demostrando que la voluntad política, la acción institucional coordinada y la aplicación rigurosa de la ley pueden prevenir delitos, salvar vidas y devolver tranquilidad a la sociedad dominicana.