BÁVARO, La Altagracia. – Un grupo de 37 familias del distrito turístico de Bávaro rompió el silencio para denunciar lo que califican como un «atropello histórico» y un despojo fraudulento de sus propiedades en la zona de Cabo Engaño.

Los afectados aseguran que, a pesar de haber agotado las vías legales y notificar a las más altas instancias del Estado, sus reclamos siguen siendo ignorados.

En lucha desde el 2008

El conflicto legal se centra en la Parcela número 65B11 (segunda parte), ubicada en la provincia de La Altagracia. Según el vocero de los reclamantes, Luis Homero Díaz, estos terrenos fueron traspasados de manera irregular a la Compañía Distribuidora Caney S.A. (Caney) mediante un supuesto «acuerdo amigable» fechado el 29 de julio de 2008.

Díaz sostiene que dicho contrato es nulo, alegando que el entonces presidente de la distribuidora utilizó un pasaporte falso para formalizar la transacción ante un notario. «Somos los legítimos propietarios y hemos transitado diferentes escenarios jurídicos sin recibir justicia», afirmó el representante de las familias.

Denuncian uso de la fuerza pública

Una de las denuncias más graves presentadas por el colectivo es la supuesta complicidad de los cuerpos castrenses. Los afectados señalan que la empresa en cuestión utiliza contingentes de la Armada de República Dominicana (ARD), la Policía Nacional (PN) y el Ejército de República Dominicana (ERD) para custodiar los terrenos e impedir que los verdaderos dueños tomen posesión.

«Estas autoridades, en lugar de protegernos, oprimen a los que se manifiestan», denunció Homero Díaz durante la lectura de un comunicado oficial.

Notificaciones a la Presidencia y otras entidades

Las familias aseguran que el actual presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha sido notificado formalmente sobre esta situación desde el año 2018, antes de asumir el poder, mediante diversos actos de alguacil. Asimismo, informaron que han depositado expedientes ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Registro de Títulos de Higüey y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Amenazan con protestas en zonas turísticas

Ante la falta de respuestas, las 37 familias advirtieron que radicalizarán sus métodos de lucha. De no producirse una intervención urgente por parte del Gobierno, anunciaron la instalación de campamentos de protesta en la rotonda de Bávaro y movilizaciones hacia el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC).

El objetivo de estas manifestaciones, según explicaron, es alertar a los inversionistas extranjeros sobre la inseguridad jurídica que rodea a estos terrenos para evitar que compren propiedades a quienes no son sus dueños legítimos.