Santo Domingo.– El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, afirmó este jueves que el financiamiento público de los partidos políticos tiene como objetivo principal compensar las desigualdades existentes entre las organizaciones en su capacidad para captar recursos privados y garantizar que puedan cumplir sus funciones constitucionales y competir en condiciones de equidad en los procesos electorales.

Durante su discurso de rendición de cuentas, Camacho Hidalgo destacó como uno de los fallos más relevantes del año la sentencia TSE/0010/2025, mediante la cual el tribunal redefinió los criterios para la categorización de los partidos, el acceso al financiamiento público y el orden en la boleta electoral.

Explicó que el TSE interpretó el concepto de “última elección”, contenido en el artículo 61 de la Ley 33-18, como “ciclo electoral”, lo que implica que para medir la fuerza electoral de una organización se tomarán en cuenta los votos válidos obtenidos en todas las elecciones generales ordinarias celebradas en un mismo año electoral. Según señaló, este criterio permite una evaluación más precisa y justa para la asignación de fondos públicos y el orden en la boleta.

El magistrado también advirtió que, conforme a la jurisprudencia del tribunal, los partidos no pueden adelantar etapas del calendario electoral ni promover aspirantes de manera anticipada, al considerar que estas prácticas afectan la equidad y vulneran la democracia interna. En ese sentido, recordó la sentencia TSE/0011/2025, en la que el órgano abordó las acciones de precampaña fuera de los plazos legales, estableciendo límites entre la autodeterminación partidaria y el respeto a las normas electorales.

Camacho Hidalgo subrayó que la labor del TSE trasciende la tutela de los derechos político-electorales, al incluir competencias en materia de identidad y registro civil, como la rectificación de actas y el cambio de nombres. Indicó que errores en documentos del estado civil pueden convertirse en obstáculos para acceder a estudios, servicios básicos o documentos de identidad, por lo que el tribunal ha priorizado la celeridad en estos procesos.

Asimismo, informó que el tribunal acogió acciones de amparo presentadas por ciudadanos que, pese a residir en el Distrito Nacional, estaban asignados a colegios electorales de Santo Domingo Oeste, situación que consideró una vulneración al derecho al sufragio y a la elegibilidad.

En materia de conflictos interpartidarios, el presidente del TSE señaló que fue anulada una resolución disciplinaria emitida por un partido político debido a violaciones al debido proceso, destacando la importancia del derecho de defensa, la presentación de pruebas y la notificación oportuna de las audiencias.

Al presentar los resultados del año 2025, Camacho Hidalgo informó que el tribunal procesó 6,739 expedientes, de los cuales 6,610 correspondieron a rectificaciones de actas del estado civil y 481 a solicitudes de cambio de nombre. En el ámbito contencioso electoral se recibieron 54 expedientes, que dieron lugar a 49 decisiones.

En el balance general del período 2021-2025, el magistrado indicó que el TSE tramitó 24,367 expedientes y dictó 23,367 decisiones, además de realizar 8,652 inspectorías y celebrar 1,673 reuniones del Pleno, reafirmando —según expresó— su compromiso con una justicia electoral eficiente, accesible y centrada en la dignidad humana.