Santo Domingo. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de levantamiento del impedimento de salida del país presentada por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien buscaba autorización para viajar a España a fin de tratar diversas condiciones de salud.

La decisión fue adoptada por la magistrada Claribel Nivar Arias, quien explicó que el tribunal no pudo valorar las pruebas médicas depositadas por la defensa, integrada por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Adolfo Biaggi Pumarol y Nelys Riva.

En la resolución núm. 249-04-2026-SRES-00005, emitida el pasado 20 de febrero, el tribunal rechazó la solicitud de variación de la medida de coerción, tanto en lo relativo al levantamiento definitivo como al permiso temporal de salida para asistir a una cita médica en el Hospital Ruber Internacional, del Grupo Quirón Salud, en Madrid, España. El exfuncionario alegó padecer un adenoma en el riñón izquierdo y acumulación de cálculos renales.

La oposición a la petición fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por la procuradora de corte Mirna J. Ortiz Fernández, así como por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.

Acusación

De acuerdo con el expediente acusatorio, Rodríguez Sánchez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, período en que dirigió la Procuraduría General de la República.

Junto a él figuran varios coimputados, entre ellos Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción administrativa, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.