Indotel comienza la reforma de la Ley 153-98, creada en la era del teléfono fijo, para regular un ecosistema digital que hoy abarca desde redes 5G hasta plataformas globales

SANTO DOMINGO. A casi tres décadas de su promulgación, la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 será sometida a una reforma integral. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció el inicio del proceso que busca actualizar el marco legal del sector para alinearlo con la realidad tecnológica, económica y social del siglo XXI.

“La Ley 153-98 fue concebida en un contexto analógico y ha quedado rezagada frente al vertiginoso avance tecnológico”, expresó Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, al explicar por qué el órgano regulador decidió impulsar esta transformación legal.

Promulgada en 1998, la ley surgió en una época donde el teléfono fijo era la norma y el acceso a internet apenas comenzaba. Desde entonces, el sector ha experimentado una transformación radical: surgieron las redes móviles, se expandió la banda ancha y, actualmente, las plataformas digitales y servicios como WhatsApp, Netflix o YouTube han desplazado en gran medida a los servicios tradicionales de voz o televisión.

Un marco legal rezagado

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “los reguladores de telecomunicaciones… enfrentan restricciones y barreras que les impiden adaptarse a un entorno de convergencia tecnológica”. Esta convergencia —la integración de telecomunicaciones, medios y plataformas digitales— exige una normativa que actualmente está ausente del marco legal dominicano.

En el informe Broadband Policies for Latin America and the Caribbean, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se destaca que en la región “la convergencia basada en IP es inevitable y dará lugar a un nuevo servicio y una nueva demanda en el mercado”. Sin embargo, la Ley 153-98 no contempla a los proveedores OTT (over-the-top) —como WhatsApp, Netflix o YouTube— que ofrecen servicios de comunicación y contenido sin licencias tradicionales, lo que provoca vacíos normativos.

Participación ciudadana y legitimidad técnica

El proceso de reforma se desarrollará en varias etapas. Primero, se identificarán las prioridades regulatorias; luego se redactará el texto técnico; y finalmente se abrirá una fase de consultas públicas a nivel nacional. El Indotel convocará a prestadores de servicios, instituciones del Estado, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales.

“Este proceso representa una oportunidad para modernizar el marco legal del sector, promover la inclusión digital y colocar al ciudadano en el eje central de la política pública”, afirmó Gómez Mazara.

Este enfoque busca construir una ley que no solo regule, sino que sirva de base para el desarrollo. De ahí que el nuevo texto buscará equilibrar la protección de los usuarios con incentivos a la inversión, la innovación y la expansión de la conectividad.

¿Qué incluiría la iniciativa para una nueva ley?

El anteproyecto que será sometido al Congreso Nacional en la próxima legislatura incluirá ejes temáticos como:

• Regulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en un entorno donde lo digital atraviesa casi todos los sectores productivos.
• Redefinición del rol del regulador para adaptarse a un mercado donde los servicios se prestan por múltiples vías y no siempre bajo licencias tradicionales.
• Derechos digitales: incluyendo la protección de datos personales, el acceso universal a internet y mecanismos de reclamo ante interrupciones o abusos.
• Competencia leal y libre, en un mercado donde los gigantes tecnológicos globales conviven con proveedores locales.
• Un entorno habilitador para la inversión y la innovación tecnológica, clave para avanzar hacia una economía digital inclusiva.

Un equipo técnico con miradas diversas

La redacción del anteproyecto estará a cargo de un equipo multidisciplinario que combina experiencia local e internacional. Están los juristas dominicanos José Luis Taveras, Angélica Noboa Pagán y Nassef Perdomo Cordero, así como el consultor colombiano Christian Lizcano, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y experto en marcos regulatorios en América Latina.

Según el Indotel, la reforma representa un intento por dotar al país de una legislación moderna que proteja los derechos fundamentales en el entorno digital, impulse la competitividad y reduzca las brechas de acceso.

Aunque el proceso apenas comienza, el debate ya está abierto. Y sus implicaciones alcanzarán a todos: desde usuarios comunes hasta grandes operadores tecnológicos.

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