Crecí en un pueblo; mi infancia transcurrió en una casa de un solo nivel, donde nunca tuve que pensar qué haría si un ascensor dejara de funcionar durante un terremoto o si la estructura de un edificio resistiría un fuerte movimiento de tierra. Esa preocupación, sencillamente, no existía.

Pero la vida cambia; con mi desplazamiento a Santo Domingo pasé a vivir en un apartamento y, tras el doblete sísmico (dos terremotos de 7.2 y 7.5 grados en la escala Richter) que sacudió a Venezuela hace apenas unas semanas, me descubrí haciéndome las mismas preguntas que probablemente miles de dominicanos también se hicieron. ¿Es más seguro vivir en un primer piso o en un decimoquinto piso? Si la tierra comenzara a temblar en este momento, ¿debería bajar o permanecer dentro? ¿Y este edificio donde vivo realmente resistiría un terremoto de gran magnitud?

Buscando respuestas, encontré algo aún más inquietante que las propias preguntas que me hice. Descubrí que la seguridad de una edificación no depende únicamente del piso donde usted viva ni de que haya sido construida sobre roca o sobre otro tipo de suelo. Depende de cómo fue diseñada, construida y supervisada. Entonces apareció una duda que, como ciudadana, nunca me había planteado: ¿cómo sé que el edificio donde vivo realmente cumple con el Código Sísmico? ¿Quién me lo garantiza? ¿Existe algún documento oficial que el comprador pueda exigir para tener esa certeza?

Fue ahí cuando entendí que el verdadero problema no era el terremoto ocurrido a cientos de kilómetros de distancia. El verdadero problema era descubrir que, como sociedad, hablamos muy poco de prevención hasta que una tragedia nos obliga a hacerlo.

Y esa es, precisamente, la conversación que República Dominicana necesita tener.

Hay tragedias que dejan ruinas. Otras dejan lecciones. El problema es que, con demasiada frecuencia, aprendemos solo mientras el polvo aún está en el aire.

Los recientes terremotos registrados en Venezuela provocaron algo revelador en República Dominicana. En apenas tres días, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) recibió 127 solicitudes para evaluar edificios. De repente, miles de personas comenzaron a preguntarse si el apartamento donde viven, la oficina donde trabajan o la escuela donde estudian sus hijos resistirían un terremoto de gran magnitud. Esa reacción demuestra que la preocupación existe. Lo preocupante es que suele aparecer únicamente cuando la tragedia ocurre en otro lugar.

Lo dijo con claridad el director de la ONESVIE, Leonardo Reyes Madera: el problema de los terremotos es que la gente los olvida. Y quizá esa sea nuestra mayor vulnerabilidad. No la falla geológica, sino la facilidad con la que dejamos que el tiempo apague el sentido de urgencia.

La prevención no puede depender de las imágenes que llegan desde otro país. Debe convertirse en una decisión permanente, tanto de las autoridades como de cada ciudadano. Evaluar una edificación no debería verse como una reacción al miedo, sino como una inversión en tranquilidad. Y esa cultura preventiva comienza mucho antes de que la tierra se mueva: empieza con estudios de suelo, diseños estructurales adecuados, materiales de calidad, mantenimiento oportuno y supervisión técnica.

Pero esa responsabilidad no puede recaer únicamente en quienes construyen o compran una vivienda. También corresponde al Estado garantizar que las normas se cumplan. República Dominicana cuenta con un Código Sísmico y reglamentos técnicos que establecen cómo deben diseñarse y ejecutarse las edificaciones. Sin embargo, la pregunta que merece una respuesta es otra: ¿quién verifica que esas normas realmente se cumplan durante la construcción? Y, una vez terminada la obra, ¿qué mecanismo tiene el comprador para comprobar que su edificio fue supervisado y construido conforme a esos estándares? Hoy, la mayoría de las personas adquiere una vivienda confiando en la reputación del desarrollador, pero sin recibir una certificación oficial que le permita conocer el nivel de supervisión técnica que tuvo la obra. Esa es una discusión que el país no puede seguir posponiendo.

Otro dato obliga a reflexionar. En un país donde, para la mayoría de las familias, la vivienda representa el mayor esfuerzo económico de toda una vida, apenas una pequeña proporción de las viviendas está asegurada contra terremotos. Y, peor aún, muchas personas creen estar protegidas porque su préstamo hipotecario incluye una póliza, cuando en realidad esa cobertura suele proteger principalmente el interés de la entidad financiera y no necesariamente garantizar la recuperación total del patrimonio del propietario.

No basta con construir. No basta con comprar una vivienda. También debemos preguntarnos qué pasaría si mañana la perdiéramos.

La conversación sobre los terremotos tampoco puede limitarse al sector privado. Si las propias autoridades reconocen que escuelas y hospitales figuran entre las infraestructuras que más preocupan porque muchas fueron construidas bajo criterios anteriores a los estándares sísmicos actuales, entonces estamos ante un desafío nacional. Son precisamente esos edificios donde la población espera encontrar refugio, atención médica y capacidad de respuesta cuando ocurre una emergencia. Si ellos fallan, falla una parte esencial del sistema de protección.

Existe además otra idea equivocada que merece ser desmontada. Construir sobre roca no convierte automáticamente una edificación en segura, así como hacerlo sobre arcilla no la condena al colapso. La ingeniería moderna ha demostrado que lo determinante es comprender cómo interactúan el suelo y la estructura, realizar estudios geotécnicos adecuados y diseñar cada obra para las condiciones específicas del terreno. La prevención, una vez más, está en el conocimiento, no en los mitos.

Los terremotos no avisan. Y precisamente porque no podemos predecir cuándo ocurrirán, la única variable que sí podemos controlar es nuestro nivel de preparación.

Ojalá no necesitemos otra tragedia internacional para volver a hablar de vulnerabilidad sísmica. Ojalá las 127 solicitudes de evaluación no sean apenas una reacción pasajera, sino el inicio de una cultura donde revisar nuestras edificaciones, proteger nuestro patrimonio y exigir una supervisión efectiva de las construcciones deje de ser una excepción y se convierta en una responsabilidad compartida.

Porque la diferencia entre un desastre natural y una catástrofe humana casi nunca la determina la fuerza de la naturaleza. La determina el nivel de preparación de la sociedad que la enfrenta. Y esa preparación no depende solo de ciudadanos conscientes. Depende también de instituciones que supervisen, de constructores que rindan cuentas y de un Estado capaz de ofrecer a los ciudadanos la confianza de que las normas sí existen para cumplirse. Solo entonces podremos decir que estamos verdaderamente preparados para el día en que la tierra decida recordarnos que vive bajo nuestros pies.