A propósito de la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida en Herrera durante un operativo policial, juristas consultados explican cuáles son los límites legales en la fiscalización de documentos de tránsito y qué actuaciones corresponden a cada cuerpo policial.

Agregan que de acuerdo a la ley Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Policía Nacional Preventiva no tiene competencia para exigir seguro ni licencia de conducir. Su rol se limita a solicitar la cédula de identidad y la matrícula del vehículo. En caso de detectar irregularidades graves —como ausencia de placa, matrícula adulterada o denuncia de robo— el preventivo puede retener el vehículo y trasladarlo al destacamento, pero no arrestar al conductor salvo que exista orden judicial o flagrancia en otro delito.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) sí está facultada para fiscalizar documentos de tránsito, pero la ley establece que solo en caso de ausencia de seguro obligatorio procede la retención del vehículo. Si la infracción es distinta, como licencia vencida, lo que corresponde es una multa administrativa, no la incautación.

Juristas advierten que actuaciones como requisar bolsillos sin negativa del ciudadano, retener motocicletas por faltas menores o apresar sin causa legal constituyen violaciones al debido proceso y pueden derivar en responsabilidades penales para los agentes.

El caso de Darlin Mercado, quien reclamaba su motocicleta retenida cuando recibió un disparo mortal de un cabo policial, ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de actuación y delimitar claramente las competencias de cada cuerpo. Expertos insisten en que la retención de vehículos es una medida preventiva, nunca un pretexto para el uso desproporcionado de la fuerza.