Más de 2,000 funcionarios electos entrantes y salientes no cumplieron con sus declaraciones

La declaración jurada de bienes es un documento legal que permite a los funcionarios públicos presentar una lista detallada de sus bienes patrimoniales, como propiedades, vehículos, ingresos y egresos, con el objetivo de transparentar sus activos y pasivos.

Este lunes, durante su rueda de prensa semanal, el presidente Luis Abinader llamó a los funcionarios públicos a ponerse al día con la entrega de esta declaración, establecida en la Ley 311-14.

“Sencillamente tiene que cumplirse la ley sí o sí y tienen que entregar su declaración jurada y creo que por eso debería de modificarse la ley para que fueran medidas más drásticas para los que no entregan la declaración jurada», manifestó.

Recordó que tanto en el año 2020 como en el año 2024, en el comienzo de sus dos gestiones gubernamentales, el Poder Ejecutivo hizo un esfuerzo para que sus funcionarios cumplieran con la ley, incluso suspendiendo a los infractores, aunque no ofreció detalles de cuántos fueron suspendidos por esta causa.

«No tuvimos que llegar ni siquiera a nivel de ministros o viceministros, sino que fueron a niveles menores porque no habían presentado la declaración jurada de bienes»

La Cámara de Cuentas envió un informe a la Procuraduría General de la República, el pasado 25 de abril de 2025, donde detalla que 1,591 personas electas o reelectas y 1,644 salientes o que cesan del nivel municipal no cumplieron en el plazo legal para entregar la declaración jurada de patrimonio.

Según el documento, también «podría haber otros funcionarios en situaciones de incumplimiento legal de los cuales no hemos obtenido información».

Los funcionarios electos deben presentar su declaración jurada en los primeros 30 días después de asumir el cargo; los salientes, dentro de los 30 días posteriores al cese.

Sin embargo, los datos muestran que más de un año después del cambio de mando en los ayuntamientos y distritos municipales, que se produjo en abril de 2024, miles de funcionarios y exfuncionarios seguían incumpliendo este deber legal, pese a que la Ley 311-14 y la Ley de Función Pública 41-08 consideran esta omisión como una falta grave.