Se estima que los querellantes tienen un plazo de seis a siete meses para depositar sus acusaciones

Santo Domingo. Las víctimas y los familiares de los fallecidos a causa del colapso del techo de la discoteca Jet Set pueden seguir sumándose a la acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local e imputados por homicidio involuntario. Así lo indicó el abogado Plutarco Jáquez a Te lo explico a través de una llamada telefónica.

Jáquez se refirió al artículo 118 del Código Procesal Penal que establece que “quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada”.

Y continúa. “El actor civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar además por mandatario con poder especial.”

El abogado precisó que incluso después de que se presenta una acusación, en la audiencia preliminar se pueden depositar más querellas, y que estas nuevas acusaciones se presentan al juez que está conociendo el caso antes de que se cierre esta fase.

Una vez que termina el proceso preliminar de instrucción y que el juez decide la apertura a juicio, ya está cerrada la posibilidad de que se sumen nuevos querellantes.

Sobre el caso Jet Set, Plutarco Jácquez estimó que las partes tienen alrededor de seis o siete meses para depositar la querella.

Este miércoles se conoció la medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, en una audiencia que duró más de 14 horas. Pasada la una de madrugada de hoy, jueves, la jueza  de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso fianza de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica a cada uno de los hermanos Espaillat.

Ambos están acusados por homicidio involuntario por el colapso de la discoteca, donde fallecieron 235 personas, entre ellos el merenguero Rubby Pérez, y más de 180 personas.

A la salida de la audiencia, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que el órgano persecutor apelará las medidas de coerción impuestas por la jueza Veloz, las que calificó “como una burla a las víctimas”.