Santo Domingo.- De ser aprobado el proyecto de ley sometido por la diputada de San José de Ocoa, Elida Yalis Soto Mordán, las personas que graben, fotografíen o difundan imágenes de ciudadanos en estado crítico sin antes solicitar asistencia a los organismos de emergencia podrían ser sancionadas.

La iniciativa, denominada «Ley de Protección y Auxilio Inmediato a Personas en Situación de Emergencia», fue depositada el 6 de mayo de 2026, semanas después de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, un chofer de camión recolector de basura de 41 años que falleció desangrado en Santiago tras sufrir una herida con arma blanca.

Según trascendió en ese momento, el hombre permaneció varios minutos herido a pocos metros de un centro de salud mientras algunas personas se dedicaban a grabarlo y hacer preguntas, sin llamar al Sistema 911 ni trasladarlo para recibir asistencia médica.

La propuesta establece sanciones para quienes omitan solicitar ayuda, abandonen a una persona en peligro, obstaculicen la labor de auxilio o prioricen la grabación y difusión de contenido audiovisual sobre la atención a la víctima.

Entre las sanciones contempladas figuran multas económicas, trabajos comunitarios y agravantes cuando la omisión contribuya a la muerte o al agravamiento del estado de la persona afectada.

El proyecto también busca proteger a quienes actúen de buena fe para ayudar a una persona en emergencia. En esos casos, la ley establece que no serán responsables civil ni penalmente por daños no intencionales derivados de su intervención, siempre que no hayan actuado de manera negligente o temeraria.

La diputada argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la solidaridad ciudadana y garantizar una respuesta más rápida ante situaciones que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas.

La propuesta señala que la difusión de imágenes de personas en estado crítico sin brindar asistencia constituye una práctica contraria a la dignidad humana y que la omisión de auxilio puede derivar en consecuencias fatales que pudieron evitarse con una intervención oportuna.

De acuerdo con el proyecto, la ley aplicaría en casos de accidentes de tránsito, riñas, hechos violentos, emergencias médicas, desastres naturales y cualquier otra situación en la que exista riesgo de muerte o daño grave.

Asimismo, toda persona que presencie una emergencia deberá, siempre que no represente un riesgo para su propia seguridad, notificar de inmediato a los organismos correspondientes, permanecer en el lugar hasta que llegue la ayuda cuando sea posible y brindar asistencia básica de acuerdo con sus conocimientos.

La iniciativa también crea el protocolo «SALVAR VIDAS», una guía de actuación que incluye identificar el peligro, avisar al 911, evaluar el estado de la víctima, evitar movimientos innecesarios, prestar ayuda dentro de las capacidades de cada ciudadano y respetar la dignidad de la persona afectada, evitando grabaciones o difusiones de imágenes.