Santo Domingo.– A pocos meses de que entre en vigencia el nuevo Código Penal, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, sometió una propuesta legislativa orientada a modificar varios artículos relacionados con la difamación, la injuria y la protección penal de los funcionarios públicos.

La iniciativa busca eliminar las penas de prisión previstas para los delitos de difamación e injuria, sustituyéndolas por sanciones económicas y la obligación de reparar civilmente los daños ocasionados.

Según explicó el legislador, la intención es garantizar un equilibrio entre la protección del honor de las personas y el respeto a la libertad de expresión, evitando disposiciones que puedan limitar el ejercicio de la crítica o el debate público.

Entre los cambios planteados figura una nueva redacción del artículo relativo a la difamación, de manera que únicamente se sancionen las acusaciones falsas realizadas de forma intencional y que afecten la reputación de terceros.

Asimismo, propone eliminar el artículo que tipifica la denominada difamación extorsiva, al considerar que esa conducta ya está contemplada en otras disposiciones del propio Código Penal. En su lugar, plantea incorporar la figura de difamación agravada con sanciones reducidas respecto a las establecidas actualmente.

La propuesta también incluye modificaciones al artículo sobre injuria, eliminando las penas privativas de libertad y limitando las consecuencias jurídicas a multas y compensaciones civiles.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la revisión de las medidas que podrían aplicarse a medios de comunicación. Taveras plantea que la legislación excluya expresamente cualquier posibilidad de cierre de medios, suspensión de operaciones, revocación de licencias o incautación de equipos como consecuencia de estos delitos.

El senador también solicitó la derogación del artículo que establece sanciones especiales por ultraje a funcionarios o servidores públicos. A su juicio, esa disposición crea una protección diferenciada para quienes ocupan cargos públicos y entra en conflicto con el principio de igualdad ante la ley.

Durante sus declaraciones, sostuvo que quienes ejercen funciones públicas deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano y no contar con privilegios penales frente al resto de la población.

Las modificaciones fueron sometidas mientras el nuevo Código Penal permanece en período de vacatio legis. La normativa fue promulgada mediante la Ley 74-25 y está programada para entrar en vigencia un año después de su publicación oficial.

Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la propuesta será remitida a una comisión especial para su evaluación junto a otras observaciones que han surgido en torno al nuevo marco penal antes de su implementación definitiva.