Al acoger la petición del Ministerio Público, un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a dos de los procesados por formar parte de una estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El caso fue declarado complejo y fueron enviados a prisión Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, mientras que su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez deberá cumplir arresto domiciliario.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, resaltó que el tribunal acogió de manera completa la solicitud formulada por el Ministerio Público. “Seguiremos investigando, habrán más imputados”, enfatizó Ortiz, quien representó al órgano acusador junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, y los fiscales Joanna García y Elvin Ventura.