Santiago. Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Alexander Ramón Peña Henríquez, de nacionalidad dominicana, y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, acusados de planificar la captación de niñas con fines de explotación sexual.

Ambos enfrentan cargos por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La medida fue adoptada por la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, quien acogió la solicitud del Ministerio Público, al considerar que los imputados representan una amenaza colectiva para la población infantil y adolescente, ya que planificaban captar menores de edad para que el hombre obtuviera gratificación sexual, mientras la mujer recibiría compensaciones económicas.

El caso salió a la luz tras la difusión de un video en redes sociales, en el que Peña Henríquez ofrecía entre RD$15,000 y RD$20,000 a Stfrent para que le facilitara el contacto con niñas, a fin de abusarlas sexualmente. Según la investigación, la mujer se dedicaba a captar personas adultas y menores para ofrecer servicios sexuales en La Vega y Santiago.

Durante la audiencia, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez presentaron evidencias que demostraron el peligro latente y la amenaza real que representan los procesados, argumentando que la prisión preventiva es la única medida adecuada para proteger a las potenciales víctimas y asegurar el desarrollo del proceso judicial.

Además, el tribunal autorizó la extracción de información del teléfono móvil ocupado a la imputada, con el fin de fortalecer las pesquisas en curso.

De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha formulado cargos por la captación de menores de edad con fines de gratificación sexual, así como por violación a los derechos de imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y del Estado dominicano.