La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) prepara una acción ante el Tribunal Constitucional para cuestionar varios artículos del nuevo Código Penal que, según ellos, podrían generar problemas para los docentes en el ejercicio de sus funciones.

El presidente de la organización, Eduardo Hidalgo, informó que la ADP tiene previsto presentar el recurso a principios de septiembre.

El sindicato objeta los artículos 121, 145, 146, 171, 173, 214, 309, 310 y 313. Su principal preocupación es que algunas de estas disposiciones puedan dar lugar a procesos judiciales contra maestros por situaciones ocurridas dentro de los centros educativos.

¿Qué preocupa a los profesores?

Entre los puntos señalados está el artículo 121, relacionado con el hostigamiento y la intimidación; el 145, que aborda el acoso sexual, y el 173, sobre discriminación.

También genera inquietud una disposición relacionada con el abandono de niños, niñas y adolescentes cuando existe una obligación de vigilancia o cuidado.

Hidalgo afirma que esta última norma podría alcanzar a los docentes, debido a la responsabilidad que tienen sobre los estudiantes durante la jornada escolar.

El dirigente pidió que estas disposiciones sean aclaradas para evitar que una denuncia sin fundamento pueda tener consecuencias sobre la carrera de un maestro.

ADP dice estar contra el acoso sexual

El gremio aclaró que no respalda ninguna forma de acoso sexual.

Hidalgo explicó que cuando uno de sus miembros enfrenta un proceso judicial por una acusación de este tipo, la organización procede a suspenderlo.

Sin embargo, la ADP considera necesario establecer mecanismos que permitan distinguir entre una denuncia con fundamentos y una acusación que pueda ser utilizada para perjudicar a un docente.

¿Qué dice la ADP que podría ocurrir?

Para el sindicato, si los artículos cuestionados entran en aplicación sin una interpretación clara sobre su alcance dentro de las escuelas, podrían surgir conflictos que afecten el trabajo de los profesores.

La organización sostiene que las normas deben proteger a los estudiantes, pero también permitir que los maestros ejerzan su autoridad y cumplan con sus responsabilidades sin temor a enfrentar procesos judiciales por actuaciones propias de la labor educativa.