Redacción.- La Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley sean declarados culpables por el delito de delincuencia organizada, al señalarlos como presuntos integrantes de una estructura dedicada a la comercialización irregular de pruebas rápidas de COVID-19, mascarillas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.

El pedido fue presentado durante el alegato final del Ministerio Público en el juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, donde también se solicitó condena para el exagente metropolitano Leandro Berrones y el ciudadano israelí Oren Sheinman, acusados de formar parte de la misma red.

Según la teoría fiscal, entre marzo y agosto de 2020 los procesados habrían coordinado una organización que obtuvo beneficios económicos mediante la venta de al menos 21,000 pruebas rápidas para detectar COVID-19, además de mascarillas, lancetas y otros productos médicos de alta demanda en los meses más críticos de la pandemia.

La acusación sostiene que esta red utilizó recursos públicos para movilizar la mercancía. Peritajes incorporados al juicio indican que vehículos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito habrían sido empleados para transportar los insumos, parte de los cuales terminó almacenada en la residencia de Bucaram, en Guayaquil, donde las autoridades encontraron miles de pruebas y mascarillas durante un allanamiento realizado en junio de 2020.

Uno de los elementos más relevantes del proceso es el testimonio anticipado del ciudadano israelí Shy Dahan, asesinado en agosto de 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral. De acuerdo con la Fiscalía, Dahan aseguró que Jacobo Bucaram pagó USD 321,600 en efectivo por la adquisición de la mercancía.

La investigación también apunta a que algunos involucrados se habrían hecho pasar por integrantes del cuerpo diplomático y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) con el objetivo de facilitar el traslado de los productos sin levantar sospechas.

El Ministerio Público sostiene además que los insumos eran comercializados en distintas provincias sin facturación legal ni pago de impuestos, lo que habría ampliado el alcance de la operación ilícita.

El juicio, cuya audiencia comenzó en abril de 2025 tras múltiples aplazamientos desde 2022, incluyó el testimonio de 50 personas entre peritos, investigadores y testigos. El tribunal deberá ahora analizar las pruebas y los argumentos de las defensas antes de emitir una sentencia en los próximos días.

Abdalá Bucaram, de 74 años, gobernó Ecuador entre 1996 y 1997, hasta ser destituido por el Congreso bajo la figura de “incapacidad mental para gobernar”. Desde entonces ha permanecido vinculado a diversos procesos judiciales y controversias políticas.

En 2022, además, fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que le prohibió el ingreso a ese país por presuntos actos de corrupción significativa.

El caso ha generado gran impacto público al remontarse a uno de los momentos más dramáticos de la pandemia en Ecuador, especialmente en Guayaquil, donde el colapso hospitalario y la escasez de insumos médicos marcaron una de las crisis sanitarias más severas de América Latina.

La decisión judicial podría representar un nuevo capítulo en la compleja trayectoria política y legal de Bucaram y su familia, en medio de uno de los procesos de corrupción más simbólicos surgidos durante la emergencia sanitaria.