El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Santiago, presentó solicitud de medida de coerción contra Héctor Antonio Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán de Lora, señalados como responsables de un entramado criminal que habría desviado recursos destinados a pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Según el expediente, “los imputados cooptaron el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc., con la finalidad deliberada de aprovecharse indebidamente de los recursos económicos de dicha entidad en beneficio personal”.

El documento agrega que “eligieron los recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), como objetivo principal de la estructura con el interés de sustraer el dinero destinado por el Estado para la salud de personas pobres afectadas por una terrible enfermedad como el cáncer”.

Asimismo, se detalla que “crearon un Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas, para la alteración y realización de facturas fraudulentas para afectar el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y sus afiliados”.

El Ministerio Público les imputa delitos de corrupción administrativa, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos y privados. La acusación sostiene que “prohibieron expresamente que los medicamentos donados al centro y los entregados a los médicos en las consultas de manera gratuita fueran entregados gratuitamente a los pacientes, bajo amenaza de despido al personal que lo hiciera”.

La solicitud incluye prisión preventiva y la declaración de caso complejo, dada la magnitud del fraude y el riesgo de obstrucción de pruebas, en lo que se perfila como uno de los casos más graves de corrupción administrativa en el sector salud de la República Dominicana