«El presidente era al mismo tiempo tesorero, director ejecutivo y director médico”. Con esta frase, la doctora Naly Antonia Cruz Ventura resumió ante el Ministerio Público la concentración absoluta de poder que ejercía Héctor Antonio Lora Cruceta dentro del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, revelando cómo la institución fue transformada en un entramado de corrupción que desvió millones de pesos destinados a pacientes oncológicos.

La solicitud de medida de coerción contra Luisa Yasiris Guzmán de Lora y otros encartados se sustenta en testimonios y auditorías forenses que documentan irregularidades financieras, administrativas y médicas. Los peritos del Ministerio Público confirmaron transferencias millonarias hacia sociedades vinculadas como Vargas Lora & Asociados, Vargas Guzmán Accounting Center y la Fundación Tócate RD, además de manipulación de registros contables y riesgos informáticos.

Auditores médicos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) verificaron alteraciones en expedientes clínicos y facturación irregular de servicios entre 2018 y 2025, periodo en el que Lora Cruceta dirigía la institución.

El Ministerio Público sostiene que estas prácticas constituyen delitos de estafa contra el Estado, abuso de confianza, lavado de activos, sabotaje informático y violaciones a la Ley General de Salud.

La investigación también señala que la imputada Dilcia Vargas Sánchez incorporó familiares y allegados al consejo del Patronato para asegurar la elección de Lora Cruceta como presidente en 2018, consolidando así el esquema de corrupción. Desde entonces, la institución operaba como un negocio privado disfrazado de entidad benéfica.