La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) expuso en su expediente los detalles de un entramado fraudulento que operó en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc., bajo la dirección de Héctor Antonio Lora Cruceta y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, desde 2018 hasta octubre de 2025.

De acuerdo con la investigación, los imputados ejecutaron un plan criminal sistemático para apropiarse de recursos públicos destinados al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), desviando aproximadamente RD$148,660,116.70 en perjuicio de pacientes oncológicos y del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El expediente señala que la directiva encabezada por Lora Cruceta y Vargas Sánchez extendió ilegalmente su permanencia en los cargos por más de siete años, superando el límite estatutario de dos períodos consecutivos. En octubre de 2025, una nueva junta directiva fue electa por unanimidad, pero los imputados interpusieron demandas de nulidad y suspensión contra la Asamblea General Extraordinaria, además de solicitar un secuestro judicial.

Posteriormente, mediante actos de alguacil, trabaron oposición a la entrega de valores en entidades financieras como Banco BHD, Banco de Reservas y la Cooperativa La Altagracia, paralizando el funcionamiento institucional y afectando gravemente la atención de pacientes. Ante la negativa de desalojar las instalaciones, fue necesario el auxilio de la fuerza pública para expulsar a la directiva irregular y permitir la instalación de la junta legítimamente electa.

La investigación sostiene que el interés de los imputados no estaba orientado al bienestar social, sino al control económico de la institución con fines de enriquecimiento ilícito. Entre 2018 y 2025, el Patronato recibió del SeNaSa un total de RD$3,754,064,167.76, recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud de la población vulnerable. Sin embargo, según PEPCA, los fondos fueron manipulados mediante facturación irregular, falsificación de documentos médicos y desvío de aportes estatales, lesionando el patrimonio institucional y obstaculizando el acceso a tratamientos vitales para pacientes con cáncer.