Santo Domingo.- La decisión de la jueza especial Isis B. Muñiz Almonte de imponer tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara no se limitó a la gravedad de la acusación por recibir un soborno de US$10,000 para intervenir en el caso de corrupción vinculado a ARS Senasa, ni al presunto lavado de activos, sino a una evaluación integral sobre la solidez del proceso, la validez de la investigación y el rechazo absoluto a cada intento de la defensa por desmontar el caso.

Como parte de la medida impuesta, Valdez Alcántara deberá cumplir los tres meses de prisión preventiva en la cárcel modelo de Najayo Hombres, mientras el proceso avanza y el tribunal revisa el próximo 29 de junio si persisten las condiciones que justificaron su envío a prisión.

Tras más de diez horas de audiencia y cuatro incidentes promovidos por los abogados del imputado, la magistrada concluyó que el Ministerio Público presentó una solicitud jurídicamente válida, sustentada y ajustada al debido proceso, descartando las alegadas violaciones constitucionales planteadas por la defensa.

Uno de los puntos centrales de su motivación fue que, según su análisis, el caso dejó de estar en una fase de simples actos preparatorios cuando se concretó la entrega vigilada del dinero autorizada judicialmente, pasando a una etapa de tentativa penalmente relevante que justificó la intervención de las autoridades.

El primer eje jurídico de su decisión fue rechazar la nulidad del proceso. Los abogados de Valdez Alcántara argumentaron supuestas irregularidades constitucionales y falta de jurisdicción, pero Muñiz determinó que esos planteamientos carecían de fundamento suficiente para invalidar la investigación.

El segundo punto crucial fue validar la actuación del Ministerio Público, encabezado por Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y Andrés Mena Marte. La jueza reconoció como regular y legítima la solicitud de medida de coerción, fortaleciendo la legalidad de la investigación desarrollada por la Dirección de Persecución.

Además, Muñiz rechazó todos los esfuerzos de la defensa para apartar a Wilson Camacho del proceso, lo que consolidó la continuidad de la acusación sin alteraciones en su estructura principal.

Bajo ese análisis, la magistrada consideró procedente aplicar la medida más severa del catálogo procesal: prisión preventiva por tres meses en Najayo Hombres, conforme al numeral 7 del artículo 230 del Código Procesal Penal.

La resolución refleja que, para el tribunal, el peso de los cargos —soborno de US$10,000 para intervenir en un expediente judicial y presuntas violaciones vinculadas a corrupción y lavado— requería una medida de coerción proporcional mientras avanzan las investigaciones.

Más allá del encarcelamiento preventivo, la decisión de Isis Muñiz envía una señal institucional contundente: el privilegio de jurisdicción no representa impunidad, y cuando las acusaciones comprometen la integridad del sistema de justicia, el escrutinio judicial puede ser aún más estricto.

La revisión de la medida fue fijada para el 29 de junio, fecha en la que el tribunal evaluará si persisten las condiciones que justificaron una decisión basada, según la jueza, en la legitimidad del proceso, la suficiencia inicial de los elementos presentados y la necesidad de preservar el curso de la investigación.