Redacción.- La Justicia española ha dado un nuevo giro al largo pulso entre Shakira y Hacienda: la Audiencia Nacional anuló las sanciones impuestas a la artista por el ejercicio fiscal de 2011 y ordenó la devolución de alrededor de 60 millones de euros, al concluir que no se probó que fuera residente fiscal en España ese año.

El tribunal estimó el recurso presentado por la cantante colombiana contra las resoluciones de la Agencia Tributaria y del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), al considerar que la Administración no logró acreditar que Shakira permaneciera más de 183 días en territorio español durante 2011, requisito esencial para obligarla a tributar como residente fiscal.

Según la sentencia, la artista estuvo en España 163 días, por debajo del límite legal, y tampoco quedó demostrado que mantuviera en ese momento su principal núcleo económico o familiar en el país.

La resolución supone la anulación de las liquidaciones y sanciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio de ese año, en un caso que implicaba inicialmente más de 55 millones de euros, cifra que, sumando intereses y costas, supera los 60 millones según la defensa de la cantante.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, expresó Shakira a través de sus abogados tras conocerse el fallo.

Clave del caso: residencia fiscal

El principal punto de disputa fue determinar dónde residía legalmente la artista en 2011. Hacienda sostenía que ya vivía en España y debía tributar allí, mientras que Shakira defendió que su residencia estaba fuera del país.

La Audiencia Nacional respaldó esta última versión y descartó también que su entonces relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué fuera suficiente para establecer un vínculo fiscal, al no existir matrimonio ni hijos menores en común durante ese período.

El tribunal también consideró irrelevante el debate sobre si Bahamas —donde Shakira alegaba residir— era o no paraíso fiscal, dado que lo determinante era demostrar que pasó más de 183 días fuera de España.

Ocho años de disputa

Con este fallo, la cantante cierra uno de sus últimos grandes frentes administrativos en España, aunque la Agencia Tributaria ya anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El caso se diferencia de sus problemas fiscales correspondientes a 2012, 2013 y 2014, años en los que Shakira sí aceptó en 2024 una multa de 7,8 millones de euros tras reconocer un fraude fiscal de 14,5 millones, acuerdo que evitó su entrada en prisión.

Además, recientemente fue archivada otra causa penal por un supuesto fraude de 6,6 millones en 2018, aunque quedó pendiente la vía administrativa.

Precedente y crítica a Hacienda

Tras el fallo, Shakira afirmó que espera que la decisión siente un precedente frente a lo que considera prácticas abusivas de la Administración tributaria española.

Su abogado, José Luis Prada, cuestionó duramente el “modus operandi” de Hacienda, al considerar que ejerce presión sobre contribuyentes que muchas veces no tienen recursos suficientes para defenderse.