Parecía un día normal en Kenscoff, una comuna ubicada en el departamento Oeste de Haití, entre las montañas que se erigen al sureste de la capital, Puerto Príncipe y que, hasta este domingo, gozaba de cierta estabilidad, a pesar del caos en el que está inmerso el país caribeño.

Sin embargo, pasadas las 9 de la noche, todo cambió de repente, cuando un grupo de pandilleros ingresó a un campamento de refugiados, que se había levantado en una iglesia local, para albergar a familias desplazadas por la creciente crisis de inseguridad que vive Haití.

El ataque dejó un saldo preliminar de 47 muertos, más de 20 heridos y un número hasta el momento no especificado de desaparecidos, quienes están ahora en poder de los pandilleros.

Casi el 90% de todo el territorio capitalino está gobernado completamente por bandas criminales, lo que ha provocado que más de 1.5 millones de personas se hayan desplazado hacia el interior del país, en busca de escapar de la realidad que les persigue.

En esta ocasión, el grupo criminal Viv Ansanm ejecutó su ataque en busca de expandir su territorio de influencia, que se disputa con otras bandas y que, según reportes internacionales, son financiadas desde el exterior.

La situación afecta la alimentación de más de 2 millones de niños, quienes quedan expuestos al conflicto, que no ha podido ser enfrentado, siquiera con las dos misiones internacionales aprobadas por el Consejo de seguridad de la ONU.

En julio de este año, la misma Organización de las Naciones Unidas “ONU” adelantaba sobre el plan expansionista de las bandas, que tenían a Kenscoff como uno de los principales territorios a controlar, por su ubicación.

“Las pandillas de Haití ya no buscan únicamente conquistar territorios. Ahora intentan controlar las instituciones y las arterias económicas de las que dependen la población y el funcionamiento del Estado” advirtieron en aquella ocasión funcionarios oficiales ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

La nota indicaba que “Los grupos criminales compiten por dominar las rutas de transporte, el suministro de combustible, la distribución de alimentos y diversos mercados ilícitos. Cada puesto de control que imponen no solo les genera ingresos, sino que refuerza su autoridad sobre las comunidades”.

Esto, según los delegados haitianos ante la ONU, pone en riesgo las elecciones generales pautadas para el próximo 13 de diciembre, en las que se busca restablecer el orden constitucional, roto desde el magnicidio del presidente Jovenel Moises en julio del 2021

“La seguridad sigue condicionando el proceso. Los recientes ataques en Cité Soleil, Kenscoff, Artibonite y otras zonas demuestran que las pandillas conservan una amplia capacidad para aterrorizar a la población y extender su influencia”, indica la nota informativa publicada por la misma ONU el mes pasado.

De su lado, el representante especial del Secretario General para Haití, Carlos Ruiz Massieu, afirmó en aquella ocasión que ““La seguridad es indispensable para celebrar elecciones creíbles. Sin embargo, los problemas de seguridad no deben convertirse en una razón para retrasar el proceso político. Los preparativos electorales y las mejoras en la seguridad deben avanzar juntos”.

En ese contexto, el destino de Haití se vislumbra incierto, mientras las bandas vuelven a tomar fuerzas y a operar a sus anchas, mientras se espera el envío de nuevas misiones de paz, con la esperanza de no fallar, como en el pasado.