Santo Domingo, R.D. – El Gobierno dominicano rechazó este jueves el comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que el organismo expresó preocupación por las políticas migratorias adoptadas por el país y su posible impacto en los derechos de las personas en movilidad.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Estado dominicano reafirmó su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos, al tiempo que defendió el derecho soberano del país a regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio.

En su respuesta, el Gobierno subrayó que la situación migratoria que enfrenta la República Dominicana debe analizarse en su dimensión regional, señalando que durante décadas el país ha asumido una carga desproporcionada frente a la crisis haitiana, con un enfoque de solidaridad y responsabilidad humana.

“El Estado dominicano ha enfrentado una crisis que trasciende sus fronteras y que no puede ser resuelta de manera unilateral”, indica el comunicado oficial.

El MIREX enfatizó que, en ejercicio de su soberanía, la República Dominicana tiene el derecho y la obligación de aplicar políticas migratorias conforme a su Constitución, legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.

“Esta potestad no es discrecional ni arbitraria: se ejerce conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha reconocido reiteradamente el propio sistema interamericano, la facultad de definir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal.”, puntualizó.

Asimismo, el Gobierno justificó las medidas adoptadas como una forma de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario, con el objetivo de evitar impactos negativos sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos.

“Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”, agregó.

Además, enfatizo que en ejercicio de su soberanía, República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio. 

“Esta potestad no es discrecional ni arbitraria: se ejerce conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha reconocido reiteradamente el propio sistema interamericano, la facultad de definir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal”, detallò. 

Justificó las medidas tomadas por el Gobierno dominicano, explicando que responde  ala necesidad de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que éste genera sobre la cohesión social y sobre el gasto en servicios públicos. 

“Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”, agregó- 

Rechazo a la aplicación general del principio de no devolución

El Gobierno dominicano rechazó aplicar de manera general el principio de no devolución a todos los migrantes en condición irregular, al considerar que ello equivaldría a obligar al país a aceptar el ingreso irrestricto de ciudadanos haitianos, incluso de forma irregular.

En ese sentido, reiteró que la crisis haitiana no exime del cumplimiento de las leyes migratorias dominicanas y que se trata de un desafío regional que requiere una respuesta colectiva e internacional.

“No existe una solución dominicana a la crisis haitiana”, subrayó el MIREX, al tiempo que reafirmó que el país continuará abogando en foros multilaterales por una acción internacional efectiva, solidaria y corresponsable.

El Estado dominicano expresó preocupación por lo que considera un enfoque del comunicado de la CIDH que privilegia alegaciones no verificadas por encima de la información oficial suministrada por las autoridades nacionales.

En ese contexto, reiteró su disposición a un intercambio técnico y transparente de datos, insistiendo en que cualquier evaluación debe basarse en fuentes contrastables y considerar el contexto regional que explica la presión migratoria excepcional.