Santo Domingo. – Tras varios años de investigación, audiencias y debates judiciales, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió sentencia en uno de los mayores expedientes de corrupción administrativa conocidos en República Dominicana.

El proceso, iniciado en 2021 y conocido popularmente como caso Coral y Coral 5G, concluyó con 29 condenados y siete personas absueltas, en un expediente que, según el Ministerio Público, involucró un presunto perjuicio al Estado superior a RD$4,500 millones.

De acuerdo con la acusación, la estructura operaba mediante el presunto desvío de fondos públicos a través de nóminas irregulares, uso de influencias institucionales y mecanismos destinados al ocultamiento y adquisición de bienes con recursos de origen ilícito.

Principales condenas

Adán Benoni Cáceres Silvestre, señalado como la “cabeza” de la operación, y Juan Carlos Torres Robiou fueron declarados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y lavado de activos agravado por su condición de funcionarios públicos. El tribunal les impuso 20 años de reclusión mayor y el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos del sector público.

Rafael Núñez de Aza fue condenado a 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos, tras ser hallado culpable de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Julio Camilo de los Santos Viola recibió 15 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos por asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez fue condenada a 15 años de prisión y multa de 300 salarios mínimos, tras ser declarada culpable de incremento patrimonial y lavado de activos agravado.

Esmeralda Ortega Polanco recibió 10 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos por uso de documento bancario falso, incremento patrimonial y lavado de activos.

José Manuel Rosario Pirón fue condenado a 10 años de reclusión mayor y multa de 200 salarios mínimos por asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez recibieron penas de entre 10 años de prisión y multas de entre 200 y 300 salarios mínimos, por distintos delitos vinculados a corrupción administrativa, incremento patrimonial y lavado de activos.

También fueron condenados:

Yehudys Blandesmil Guzmán Alcántara: 5 años.

Alejandro José Montero Cruz: 5 años y multa de 50 salarios mínimos por tenencia ilegal de arma de fuego.

Pedro Roberto Castillo Nolasco: 3 años.

Carlos Augusto Lantigua Cruz: 3 años y multa de RD$500,000.

Lucía de los Santos Viola: 5 años y multa de 100 salarios mínimos.

Epifanio Peña Lebrón y Onoris Beatriz Soto de los Santos: 5 años y multa de 100 salarios mínimos.

Manuel de Jesús Alba Solano y Élida María Trinidad Santiago: 5 años y multa de 50 salarios mínimos.

Raymel Pastor del Rosario Viola: 3 años y multa de 100 salarios mínimos por testaferrato.

Raúl Alejandro Girón Jiménez: 5 años por asociación de malhechores, desfalco y lavado de activos.

Empresas condenadas

El tribunal también declaró culpables a varias personas jurídicas por lavado de activos.

CSNA Universo Empresarial, S.R.L.

Randa Internacional Company, E.I.R.L.

Aldom Glass Aluminium, S.R.L.

Hacienda Kelman, S.R.L.

R & F Agroindustrial, S.R.L.

Rawel Importadores, S.R.L.

Las sanciones incluyeron multas equivalentes a 200 salarios mínimos, clausura definitiva y, en algunos casos, disolución o revocación de autorización para operar.

¿Quiénes fueron absueltos?

El tribunal descargó de responsabilidad penal a Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, A.S.F.L.

Condenas suspendidas

El tribunal dispuso la suspensión total de la pena para Manuel de Jesús Alba Solano, Élida María Trinidad Santiago, Epifanio Peña Lebrón, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Lucía de los Santos Viola, Raymel Pastor del Rosario Viola,

En el caso de Carlos Augusto Lantigua Cruz, la suspensión fue por un período de dos años.

¿Qué significa una pena suspendida?

Una pena suspendida implica que el condenado no ingresa inmediatamente a prisión, siempre que cumpla las condiciones impuestas por el tribunal.

Estos condenados quedarán sometidos al cumplimiento de las siguientes reglas: 

a) Residir en el domicilio informado al tribunal.
b) Realizar 100 horas de trabajo comunitario o de utilidad pública.
c) Participar en al menos tres charlas impartidas por el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.