El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este 23 de septiembre de 2026 una nueva política de restricción de visados diseñada para desmantelar las redes globales de «turismo de maternidad».

La medida, adoptada en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, apunta a penalizar a todos aquellos actores que faciliten, organicen o se beneficien económicamente de viajes planificados con el único propósito de dar a luz en suelo estadounidense para conferir la ciudadanía automática a los recién nacidos.

Un negocio lucrativo en la mira de Washington
Según el comunicado emitido por el Departamento de Estado, estas redes comerciales operan a escala internacional cobrando decenas de miles de dólares a ciudadanos extranjeros. Su modus operandi incluye la instrucción sistemática a los solicitantes sobre cómo mentir en los formularios de visado, la coordinación logística de los partos y, en muchos casos, el uso fraudulento de los fondos y beneficios del sistema público de salud Medicaid a expensas de los contribuyentes estadounidenses.

¿A quiénes afecta la nueva política?
La directriz no se limita únicamente a los organizadores directos de estas agencias comerciales, sino que amplía su alcance a un ecosistema de cómplices:

Propietarios, operadores y gestores de redes de facilitación.

«Intermediarios» o tramitadores de visados que enseñan a cometer fraude a los solicitantes.

Proveedores médicos extranjeros que encubren estos desplazamientos fraudulentos y el uso indebido de los recursos públicos.

Cualquier individuo que apoye, encubra o permita el turismo de maternidad con fines de lucro.

Ciertos familiares directos de los infractores, quienes también podrían verse alcanzados por las restricciones de viaje.

Defensa intransigente de la ciudadanía y los recursos públicos
Con esta decisión, la administración Trump busca enviar un mensaje contundente a la comunidad internacional: la integridad de la ciudadanía estadounidense no está a la venta y el sistema migratorio no tolerará esquemas de explotación comercial. La medida se suma a una serie de acciones ejecutivas destinadas a blindar la seguridad nacional, proteger los fondos del contribuyente y cerrar las vías de acceso irregular al país.