Santo Domingo.- La comisión diocesana de la pastoral ecológica y medioambiental de la Diócesis de La Vega denunció este lunes la extracción de materiales en las orillas y el cauce del Río Yuna, así como en fincas ubicadas en las proximidades del afluente, y reclamó la intervención inmediata de las autoridades para detener esas operaciones.

La denuncia fue realizada mediante una carta fechada el 29 de junio y dirigida a la gobernadora provincial de Bonao, Adela Tejada; al senador de la provincia, Héctor Acosta; al director provincial de Medio Ambiente, Humberto Ramos, y al alcalde del municipio de Bonao.

En el documento, la diócesis afirmó que el río Yuna se ha convertido en una «mina de cantera seca» debido a las actividades extractivas que, según sostiene, se desarrollan en la zona.

La comunicación, firmada por el director de la Pastoral para el Medio Ambiente de la Diócesis de La Vega, Yonny Durán, y el vicario episcopal zonal, Róvinson Mejía, exhorta a las autoridades a iniciar, una vez sean paralizadas las operaciones, un proceso de diálogo entre las instituciones competentes, especialistas en la materia y representantes de la sociedad civil.

El objetivo, señala la misiva, es definir un manejo técnico y sostenible de ese importante recurso hídrico.

«Solicitamos que dicho diálogo se realice con la rectoría de la Vicaría Episcopal Zonal de la Iglesia Católica junto a la Pastoral para el Medio Ambiente de la Diócesis de La Vega», expresa la carta.

La diócesis también advirtió que, si sus reclamos no son atendidos en un plazo de dos días a partir de la entrega del documento, recurrirá a manifestaciones y protestas pacíficas, incluyendo concentraciones frente a las sedes de las autoridades provinciales y municipales y, de ser necesario, una marcha hacia el Palacio Nacional.

«Si estas solicitudes no son acogidas dentro de un plazo de dos días contados a partir de la fecha de entrega de este documento nos veremos en la necesidad de ejercer nuestro derecho constitucional a la participación y a la protesta pacífica mediante marchas cívicas, plantones frente a las sedes de las autoridades provinciales y municipales y, de ser necesario, una marcha hacia el Palacio Nacional», detalla el documento.

La entidad sostuvo, no obstante, que confía en el razonamiento, el sentido común y el compromiso de las autoridades con el bienestar colectivo, por lo que espera que no sea necesario recurrir a acciones de protesta.