Dekolor acusa al Intrant de “uso abusivo del derecho”
La empresa negó supuestos sobornos y amenazas a funcionarios
La empresa Dekolor SRL acusó este miércoles al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, de hacer un “uso abusivo de la vía de derecho”, luego de que la entidad estatal interpusiera una querella por presuntos intentos de soborno y amenazas a funcionarios en el contexto de la renovación de un contrato vencido.
“Eso es totalmente contrario a derecho, tratando de sesgar la participación de una institución. Cuando usted es árbitro de la licitación, y también se querella, ¿qué significa? Que ahora Dekolor no puede participar”, expresó el abogado Marino Feliz, representante legal de la empresa.
Dekolor niega haber presionado para extender el contrato y asegura que sus gestiones con el Intrant se limitaron a exigir el pago de una deuda de 700 millones de pesos correspondiente a servicios prestados antes del vencimiento del contrato, relacionados con el sistema de licencias de conducir.
“El único acercamiento fue motivado por el tema de las adendas. Una vez vencido el contrato, ya no había oportunidad de extender nada”, afirmó Feliz.
También denunció que el Intrant pidió a Dekolor que cobrara directamente a los ciudadanos por servicios, utilizando su plataforma, después de la suspensión de la empresa PagoRD, algo que según dijo Feliz Dekolor rechazó por no tener un contrato vigente.
“Hay una solicitud del propio Intrant a Dekolor de que se encargue para cobrar, que use de manera directa pretendiendo usarlo como plataforma, para que sean ellos que ahora cobre a falta de una plataforma que fue sancionada, PagoRD, para que no siga cobrando y que sea Dekolor. Pero Dekolor le dijo: “Ya no estamos con vigencia del contrato, pues, por tanto, no podemos hacer ese tipo de cosas”, explicó.
La denuncia del Intrant
El Intrant presentó su querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la que detalla una presunta trama de intentos de soborno, amenazas personales y entrega de dinero en efectivo a funcionarios claves.
Según el expediente, se habrían ofrecido hasta un millón de dólares estadounidenses y 3 millones de pesos dominicanos mensuales a cambio de la renovación del contrato.
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